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Durante los últimos seis años la vida política catalana ha venido convirtiéndose, paulatinamente, en una antología del disparate. La constitución del primer gobierno tripartito, autodenominado catalanista y de izquierdas, dio al traste con la victoria electoral de Convergència i Unió (CiU). El acuerdo de gobierno se sustentaba en el Pacto del Tinell, suscrito en diciembre de 2003, que pese a plantear algunos objetivos loables no podía ocultar su profundo sectarismo, dando pie a lo que algunos llamaron el “cordón sanitario”. Este primer paso sectario, propugnado por el partido del que se esperaba el cambio de rumbo que exigía la deriva nacionalista y conservadora del pujolismo tardío, fue el primero de los fiascos con los que nos obsequió el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), sucursal catalana del PSOE, en el que parecía mandar Pascual Maragall.

Este pacto de gobierno en la comunidad autónoma catalana centró sus esfuerzos de legislatura en la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía, a pesar de que sólo una escueta minoría de la ciudadanía catalana lo creía necesario. El texto final fue aprobado por las cámaras legislativas catalana y española, y refrendado por los ciudadanos de Cataluña con un índice de participación que hizo que la aprobación efectiva, aunque claramente mayoritaria entre los participantes, ni siquiera alcanzara el 40% del censo convocado.

Transcurridos tres largos años desde su aprobación y subsiguiente entrada en vigor, y tras la aprobación de varias normas legales amparadas por el nuevo texto estatutario, el Estatut de Catalunya está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional (TC). El alto tribunal tiene encomendada, entre otras, la función de velar por la constitucionalidad de cuantas leyes y disposiciones con fuerza de ley sean sometidas legítimamente, con arreglo a la Constitución Española, a recurso de inconstitucionalidad. Este ha sido el caso del Estatut de Catalunya.

Desde los focos de poder político radicados en Cataluña se ha intentado, sistemáticamente, presionar al TC para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Con mucha frecuencia esta presión se ha basado en la deslegitimación. La única defensa que se puede hacer del TC es la de reconocerle sus atribuciones constitucionales. No cabe duda que ha transcurrido un plazo más que prudencial para haber dictado sentencia. No es menos cierto que en todo momento el TC ha estado sometido a presiones inaceptables, algunas de ellas generadas por miembros destacados de los gobiernos de España y de la Generalitat. Nada nuevo en el escenario político. Ya estamos acostumbrados a la esgrima de salón que combate dialécticamente la división de poderes que rige nuestro ordenamiento constitucional.

Sin embargo, el 26 de noviembre de 2009 nos ha traído un nuevo disparate en este galimatías en que se ha convertido la puesta de largo del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006: las doce principales cabeceras de la prensa escrita catalana han unido sus voces en un editorial único, coincidente con la voz de su amo en deslegitimar al TC bajo la apelación a la dignidad de Cataluña. No parece que ponerse de acuerdo en reforzar las tesis de quien te asea las cuentas de resultados, por la vía de la subvención, sea un ejercicio específico de dignidad profesional. En todo caso, la dignidad exigible es la institucional, en el caso de Cataluña, y la personal, en el caso de sus ciudadanos. Y el editorial unificado no está precisamente al servicio de ninguna de las dos.

La pregunta que cabe plantearse, ante el disparate consumado en Cataluña hoy 26 de noviembre de 2009, es si este editorial uniforme será también la partitura del réquiem por el que debería ser el cuarto poder.

Matías Alonso

Mi madre diría “esnortaos”, haciendo honor a su patria chica, en plena Axarquía malagueña, muy próxima a la costa granadina en la que esta palabra vio la luz. Sea como fuere, hemos perdido el norte. Estamos perdidos.

En algunos temas, todos ellos fundamentales, el gobierno de España navega a la deriva. O eso parece. No puede considerarse un tema puntual. Viene siendo así desde que Rodríguez Zapatero tomó las riendas del gobierno. Sólo el dominio de la propaganda le permite mantener el tipo.

Quiero hablar hoy de dos cuestiones que no son pacíficas. Una de ellas se enmarca en lo que se conoce como “guerra contra el terrorismo”. La otra, entraría directamente en la categoría de “marear la perdiz”.

La relación del gabinete de Rodríguez Zapatero con la guerra, sea legal o ilegal, ha pretendido moverse siempre en el terreno de lo políticamente correcto. Aunque a veces no lo haya sido tanto. La verdad es que la cosa empezó mal. Su primer Ministro de Defensa, José Bono, pasó con más pena que gloria. Eso sí, dejando un par de detalles de dudoso tacto.

El último consejo de ministros de mayo de 2004, cuando hacía poco más de un mes desde que se había constituido el gobierno, el propio Bono entró en el paquete de condecorados por su intervención en la retirada de las tropas de Irak. No dudo de la justeza de condecorar a los generales que intervinieron en la retirada. Aunque recuerdo las burlas que sufrieron nuestras tropas por parte de los aliados italianos. La presión mediática consiguió que Bono renunciara a su medalla al Mérito Militar.

Militares de mérito los hay. Y sin duda los ha habido a lo largo de la historia. Uno de ellos seguramente fue George Smith Patton, militar estadounidense heredero de una larga tradición castrense. Entre sus numerosas condecoraciones, el Corazón Púrpura, una de las más altas distinciones que se otorga en el seno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entre sus frases célebres, destaca la que señala con precisión lo que cabe esperar de los militares en un conflicto bélico: “El objeto de la guerra no es morir por tu país, sino hacer que otro bastardo muera por el suyo”.

En la lógica que impregna nuestro ámbito de defensa, Patton lo tendría difícil. Sólo recordar la frase más célebre de José Bono al frente de su ministerio: “Prefiero morir que matar”. Después la vistió con su raíz cristiana y con la necesidad de que las acciones de los ejércitos fuesen legítimas.

Tanto la frase en sí como su justificación posterior son un torpedo bajo la línea de flotación de la moral de la tropa. Por un lado indica a los soldados que “casi prefieres verles muertos”. Por el otro, pone en duda que cuando nuestras tropas intervienen en un conflicto lo hagan siempre con legitimidad.

El relevo ministerial y la segunda etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero no han mejorado esta cuestión. Aún hoy se lanzan mensajes de desorientación, que difícilmente pueden elevar la moral de nuestros soldados. La insistencia de la ministra Chacón en negar la evidencia es una prueba de lo que digo. Negar que los soldados españoles expedicionarios en Afganistán están interviniendo en una guerra, no tiene nombre. Y más cuando su intervención, precisamente, se justifica en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, impulsada en su día, a nivel planetario, por el heredero del diablo sobre la faz de la tierra: George Walker Bush.

Este confusionismo gubernamental, esclavo de la propaganda, ha llevado al propio presidente Rodríguez a desatar otra guerra. Esta, doméstica. Y en la que se ha aliado con las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO. El enemigo, fácil y que da bien en los telediarios: los empresarios.

Es curioso que el responsable de que España se haya posicionado con fuerza a la cola de Europa, primero negando la que se nos venía encima y después dando palos de ciego a dos manos, cargue con todo contra los que deberían sacarnos del atolladero. Cargar contra los empresarios, en abstracto, sale gratis. Marea la perdiz y mantiene ocupadas a las masas obreras, movilizadas por sus representantes legítimos. Claro que poco importa que estas movilizaciones, ya anunciadas para primeros de octubre, debieran haberse producido meses atrás. Lo de menos es que, además, se confunda a la opinión cargando contra quien no es responsable. O, cuando menos, no lo es tanto como aquel a quien estas movilizaciones amparan: el propio presidente del Gobierno.

Podemos estar tranquilos. Se mantiene la tradición, tan española, de pagar justos por pecadores. O de que los que menos culpa tienen, aunque sean pecadores, paguen el grueso de la factura. Y en eso, en ese paquete, entramos todos. Aunque sólo sea por la vía fiscal.

Entretanto, Rodríguez Zapatero negando la evidencia, aunque nuestros indicadores económicos den pena; aunque prácticamente uno de cada cinco españoles esté en el paro; aunque nos mantengamos en recesión mientras las otras potencias europeas levantan el vuelo ¡Todo va bien!

Y siempre hay un culpable.

Pues eso, ¡desnortados!

Matías Alonso

Dos grupos empresariales españoles llevan meses en litigio, por el apetecible bocado de los derechos del fútbol. Hace unos días parecía que se cerraba el acuerdo, pero finalmente no ha sido así. Ambos contendientes tenían, además de un claro conflicto de intereses, un amigo común. El amigo se ha decantado, por vía de decreto.

Entre los perjudicados por la decisión gubernamental puede que esté el grupo que no ha obtenido el favor del amigo. Pero los que seguro que estamos somos los españolitos de a pie, que tendremos que tragar con la TDT de pago bajo el eufemismo de que, de esta manera, se potenciará la implantación de esta tecnología. Creo recordar que la implantación tenía fecha y que, hasta ahora, los apagones analógicos no habían causado problema alguno digno de mención. Este decretazo sí que será un problema para muchos españoles que se encontrarán con una tecnología recién adquirida, sin plazo para haberla amortizado, convertida en obsoleta por obra y gracia del Gobierno de España.

No corren buenos tiempos para los excesos de confianza. Está claro que no puedes fiarte ni de los amigos, por más que les colmes de favores. Habrá que tenerlo presente cuando haya que renovarla.

Matías Alonso

Hace unos pocos días,  el 31 de julio, alrededor de un centenar de barceloneses nos congregamos al pie del monumento a las Víctimas del Terrorismo, en la confluencia de la Meridiana con Río de Janeiro, en el distrito de Sant Andreu de la capital catalana. Una vez más estábamos dando apoyo -leve apoyo para una metrópoli como Barcelona- a las víctimas habitualmente silentes. Unos meses antes, el 23 de septiembre de 2008, al pie del mismo monumento, estuve conversando con una víctima, hija de un militar asesinado por ETA en enero de 1992. Con la impotencia labrada por más de tres lustros, desde la desazón de quien reconoce la inutilidad de las muertes, me dijo: “Cuando mataron a mi padre todo el mundo me decía que podía estar segura de que su muerte no había sido en vano”.

En esta ocasión, tras el vil asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, tuve la ocasión de hablar con otro guardia civil, también víctima del terrorismo, que había tenido a su cargo la lectura emocionada del manifiesto de condena redactado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Me hablaba también desde la impotencia, pero con la seguridad de conocer el camino: “Hay que hablar menos y actuar más”.

Es cierto. Se sigue hablando demasiado de los terroristas y de su entorno. Los medios de comunicación, sí. Pero sobre todo los políticos, empezando por los que tienen encomendada la responsabilidad de acabar con esta insoportable lacra. En ocasiones para afirmar por enésima vez que la banda está en las últimas. Otras para reconocer que, pese a todo, tiene capacidad de matar. Mi interlocutor lo tiene más claro: “No hay que hablar de la banda, porque se alimenta de la propaganda que se le hace gratis por parte de los responsables políticos y los medios de comunicación”. Y creo que tiene razón.

Para mayor desgracia, tras cinco largas décadas y tres intentos vanos hay quien sigue empeñado en poner sobre la mesa el diálogo como única vía para acabar con la lacra terrorista en la comunidad autónoma vasca. Las últimas afirmaciones de Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, reafirmando la necesidad de un final dialogado para la violencia etarra, son un ejemplo más de la ambigüedad calculada de los responsables políticos.

Mientras se sigue hablando de la fuerza del Estado de Derecho, de que los terroristas tendrán que afrontar todo el peso de la Ley, la realidad es que ETA sigue presente en muchos ayuntamientos vascos, nutriendo sus arsenales a cargo del contribuyente, con total impunidad, sin que quienes tienen la responsabilidad y el deber de actuar con firmeza muevan un solo dedo para cortar el suministro.

La soledad de las víctimas se perpetúa porque para la mayoría, a pesar de todo, el dolor es ajeno. Ya lo escribí el 23 de septiembre de 2008, tras la conversación con la resignada huérfana que había leído el manifiesto de condena tras el asesinato del brigada de Artillería Luis Conde: “Ella sabe que a su padre ya le han olvidado, al tiempo que comprueba, muerte tras muerte, que la sociedad se muestra indiferente al dolor ajeno y que la clase política no está dispuesta a poner remedio, de una vez por todas, a esta terrible lacra que a todos nos amenaza”.

Matías Alonso

Tras el acuerdo alcanzado en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) entre socialistas y populares que ha permitido la investidura del primer lehendakari no nacionalista, nos llega el primer jarro de agua fría. Afortunadamente, al menos en lo esencial, ninguno de los dos grandes partidos nacionales tiene nada que ver en ello. Pero la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de enmendarle la plana al Tribunal Supremo (TS) legalizando la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II-SP), encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, históricamente ligado al entorno que cobija al terrorismo, es un drama.

Aunque la decisión del TS no fue unánime –se opusieron 5 magistrados–, da la sensación de que el TC le ha dado una patada al TS en el trasero de los demócratas que llevan padeciendo, hace demasiado tiempo, la coacción del entorno terrorista en la CAV. El TC concluye que no está suficientemente probada la relación de la candidatura de II-SP con el terrorismo etarra. Para disipar dudas, el cabeza de lista se ha negado a condenar explicitamente la violencia terrorista y el otrora portavoz batasuno, Arnaldo Otegi, pide el voto para esa coalición electoral ¡Verde y con asas!

Para animar la campaña electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos ha ofrecido una nueva muestra de su alta cocina, al proponernos un virtual empate técnico PSOE – PP, con ligera ventaja del primero, convenientemente aderezado con una participación que podría ser superior al 78%. La previsión del CIS cifrando la abstención en el 21,2% no es digerible, por muy bien cocinada que esté. Así las cosas, no está de más poner en cuarentena –aunque sólo sea por quince días– los 23 escaños para cada uno de los dos grandes.

Al fin y al cabo, son las Europeas y, ¿a quién le importan? Deberían importarnos a todos, porque la construcción de una Unión Europea fuerte y cohesionada, en lo político y no sólo en lo económico, más transparente y democrática, que cuente al tomar sus decisiones con los intereses reales de la ciudadanía, es cada vez más necesaria. Y esta tarea no la emprenderán las élites políticas. Al menos de buen grado.

Sirva de muestra la infumable campaña del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con su más de lo mismo que tanto les gusta. No sé si son conscientes de que el cuento de Pedro y el lobo no tiene un final feliz. Cuentos aparte, la insistencia en colgarles el muerto a otros como lo viene haciendo reiteradamente el PSC es un insulto a la inteligencia.

Mientras los dos grandes partidos se empeñan en polarizar la campaña y se centran en cuestiones domésticas, nuestra coalición electoral (Libertas – Ciudadanos de España), con sus candidatos Miguel Durán y José Manuel Villegas a la cabeza, se limita a ofrecer propuestas en positivo para mejorar las instituciones europeas y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Sólo así, haciendo pedagogía democrática y no demagogia compulsiva, se puede llegar a cotas de participación como las que el CIS se saca de la chistera.

Matías Alonso
(Publicado en http://www.eldebat.cat el 26 de mayo de 2009)

Al diario El Mundo le han cogido “con el carrito del helao”. La manipulación informativa es una de las claves distintivas del, cada vez más, libelo de Pedro J.

Ayer Miguel Durán, candidato y cabeza de lista de la coalición Libertas - Ciudadanos de España a las elecciones Europeas del próximo 7 de junio, denunciaba en su página web la manipulación torticera de sus palabras por parte del periodista que le había entrevistado para las páginas del rotativo madrileño y que, en su edición para Cataluña del día 27 de mayo, elevaba a titular, con el entrecomillado que le atribuye literalidad, una frase no pronunciada por Durán en ningún momento. La guinda de la manipulación, además, está en atribuir la pregunta a la supuesta descomposición del partido Ciudadanos (C’s) cuando la pregunta planteada se refería al Grupo Parlamentario de C’s en el Parlament de Catalunya. Ese que han abandonado, a la par que al partido, dos de sus diputados, uno de los cuales se ha convertido, por méritos propios, en el primer tránsfuga del parlamentarismo catalán contemporáneo.

Hoy es C’s quien denuncia la reiterada manipulación de ese diario, de escasa difusión en Cataluña (lo que a la vista de su calidad informativa, no tiene nada de extraño). Así, C’s incluye en su web una relación amplia de informaciones mundanas que poco, o nada, tienen que ver con la realidad de las cosas y que se están haciendo, de forma sistemática, para perjudicar la imagen del Partido y la de sus dirigentes. El rotativo de Pedro J., que está contando con la complicidad de su socio informativo FJLS, en sus últimos días en la Cadena COPE, se ceba con C’s dando pábulo a informaciones no ya tendenciosas sino, generalmente, absolutamente falsas.

Un motivo más para que me descuente entre sus lectores.

Matías Alonso

Esta tarde, en el Hotel Podium de Barcelona, el diputado en el Parlamento de Cataluña elegido el 1 de noviembre de 2006 en la lista de Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía (C’s), José Domingo, ha anunciado su deserción del Partido.

El anuncio lo ha hecho tras el parapeto de la convocatoria que ha enviado al mayor número de afiliados de C’s al que ha sido capaz de llegar y que, tras recordar que había abierto un período de reflexión sobre su situación en Ciudadanos a raíz de la ratificación del acuerdo electoral para las Europeas 2009 por parte del Consejo General de C’s el pasado 22 de abril, anunciaba que consideraba conveniente exponer su posición en una conferencia que había titulado “De la Ley de Política Lingüística a la Ley de Educación de Cataluña”.

Al acto han asistido unas ochenta personas, muchas de ellas ex militantes de C’s y algunas y muy significativas actualmente en las filas del partido de Rosa Díez. La exposición de Domingo, realizada tras un pomposo “José Domingo, Diputado catalán no nacionalista” estampado en el atril, se ha centrado en una autoexaltación de su trayectoria política, convenientemente mitificada, y ha concluido con el anuncio de que no piensa renunciar al escaño. Se convertirá, así, en el “primer Diputado catalán tránsfuga sea o no nacionalista en el Parlamento de Cataluña”, rótulo que hubiera sido más fiel a la realidad.

No ha citado su continua negación al diálogo con la cúpula de su Partido, a la que ha estado combatiendo activamente durante dos años y medio. No ha mencionado su última negativa a reunirse con el Secretario General de su hasta hoy partido, la pasada semana, pese a la invitación formal que ha recibido. No ha hecho mención alguna al detalle que ha tenido con su Presidente, Albert Rivera, al anunciarle su decisión media hora antes de hacerla pública y con un escueto SMS.

Todos estos hechos, y muchos otros que bien saben los que le conocen desde hace años, demuestran a las claras la catadura moral y el verdadero valor de este tránsfuga que resultó elegido tras ser incluido en la primera lista electoral de Ciudadanos por un escueto resultado de 16 votos de otros tantos consejeros generales, del primer Consejo General de C’s, todavía incompleto tras el congreso fundacional, frente a los 15 que optaban por Teresa Giménez Barbat, desde hace casi dos años fuera de C’s y hoy en UPyD.

Domingo, por su condición de ex militar, debería saber que el principal delito en campaña es la deserción. Y en su caso, como en otros muchos cuando este hecho se produce, el motivo no es otro que el pánico.

Se trata de un pánico primario. Mejor dicho, de un pánico a las primarias, procedimiento por el que debería pasar de seguir en C’s para poder formar parte nuevamente del cartel electoral. Y Pepe Domingo lo tiene claro: en las primarias, tras su nefasta trayectoria política en el seno de C’s, nunca será de los primeros.

Adéu, Pepe.

Matías Alonso

La profesional de la política Carme-Laura Gil i Miró ha dictado sentencia. Ana María Matute, una de las más insignes novelistas que ha ofrecido Cataluña al mundo, no merece el galardón de la Creu de Sant Jordi. La Generalitat se ha vuelto loca, según esta hipernacionalista enrolada en las filas de CDC: ¿Cómo le otorgan la Creu a una escritora que escribe en castellano? y que, para más inri, ha firmado el Manifiesto por la Lengua Común. Además, entre sus flagrantes deméritos destaca el de ocupar el asiento K en la Real Academia de la Lengua Española ¡Anatema!

La actitud de Carme-Laura se enmarca en la creciente ola xenófoba que impulsan los nacionalistas en Cataluña, que no se limita a cebarse en el extranjero. También practican la xenofobia hacia el disidente.

Lamentable, pero cierto.

Matías Alonso

Hoy es uno de esos días a los que solemos referirnos como históricos. Por primera vez el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca está presidido por una representante popular elegida en las listas del Partido Popular, Arantza Quiroga, diputada por Guipúzcoa. Esta católica practicante desligada del catolicismo oficialista vasco, tan firmemente entrelazado con el rancio nacionalismo que ha imperado durante tres largas décadas en la CAV, ha hecho historia en este inicio de primavera del 2009 que puede ser también el principio del cambio para los ciudadanos vascos que tanto lo anhelan.

La nueva presidenta del Parlamento vasco ha sido elegida gracias a los 38 votos que suman PSE y PP, frente a los 36 de PNV, Aralar, EA y EB. La mayoría suficiente que ha hecho posible el pacto de esperanza no ha contado con el apoyo del séptimo partido con representación parlamentaria, UPyD, que ha emitido su único voto en blanco. Cabe suponer que como muestra de desacuerdo al haber sido excluido del pacto.

Curioso partido el de Rosa Díez. Si analizamos los resultados electorales en la CAV -yo lo he hecho a conciencia-, vemos que la irrupción de esta formación ha dado un escaño más al PNV y le ha quitado dos al PSE. Es decir, sin los paupérrimos resultados cosechados por UPyD la mayoría para el cambio sería aún más holgada. Su pretensión de constituirse en el partido bisagra no ha sido bien recibida por ninguno de los dos partidos de corte constitucionalista, sobre todo por el PSE que también ha hecho las cuentas y ha sabido ver el daño que el oportunismo de la formación de Rosa Díez ha podido llegar a hacer.

Este, el oportunismo, es la seña de identidad de Rosa Díez y su nueva formación. Nacido de la Plataforma Pro, que durante meses estuvo planteando falsas expectativas de fusión con Ciudadanos, UPyD se ha revelado como una formación oportunista. Su primera preocupación no ha sido dotarse de una estructura democrática. Como cualquier otro partido político al uso, su prioridad ha sido obtener cuotas de poder, aunque sea a costa de poner en riesgo los verdaderos intereses de la ciudadanía. La democracia interna, si llega, vendrá más adelante.

Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y los ciudadanos sabrán valorar, en lo que vale, el oportunismo en blanco.

Matías Alonso

Estamos a las puertas de una nueva campaña de preinscripción en los centros escolares catalanes. Previsiblemente, una vez más, la Administración educativa de la Generalitat, en manos de Ernest Maragall y con el beneplácito del president Montilla, negará a los padres el derecho a indicar cuál de las dos lenguas oficiales de esta Comunidad Autónoma es la lengua materna para sus hijos.

Este dato, necesario para planificar la educación infantil y primaria en los centros docentes catalanes, conforme a la vigente legislación, viene siendo obviado por el Departament d’Ensenyament, empeñado como está en forzar la inmersión lingüística en una sola de las lenguas oficiales. No hace falta que les diga que esta lengua es el catalán.

De poco sirve que los expertos se reafirmen en la conveniencia de que los niños se inicien en la lectoescritura utilizando su lengua materna. De nada sirve el empeño de unos pocos padres en conseguir que los derechos de sus hijos a recibir la mejor educación, en este caso la más eficiente derivada de la utilización de la lengua oficial que mejor comprenden al dar sus primeros pasos en la escuela, sean respetados por la Administración que tiene a su cargo su tutela.

Prima la voluntad férrea, sustanciada primero en lo que han llamado Pacte Nacional per a l’Educació y, a partir de hoy mismo, en la inminente Llei d’Educació de Catalunya, de conseguir la inmersión forzada. Eso sí, la inmersión de los hijos de los otros: los de la elite dirigente catalana, con José Montilla a la cabeza, al Colegio Alemán u otros centros similares, donde los experimentos siguen haciéndose con gaseosa: educación, cuando menos, trilíngüe, castellano, catalán e inglés.

Esta mañana, en el Parlament de Catalunya, el Presidente de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C’s), Albert Rivera, acompañado de dos miembros del Comité Ejecutivo de su Partido, ha presentado ante los medios de comunicación la campaña informativa que C’s pondrá en marcha de forma inmediata para alertar a los padres de los derechos que les asisten, al tiempo que le recordaba al Gobierno de la Generalitat que C’s aspira a conseguir esa educación trilíngüe también en los centros públicos y concertados, dependientes de la Administración educativa de Cataluña.

Entretanto, a los padres con hijos en los ciclos de infantil y primaria sólo les queda exigir: “Yo también quiero la casilla, ¡es mi derecho!”

Matías Alonso