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En un par de semanas estaremos en plena vorágine de campaña electoral para la renovación de las Cortes Generales y, cabe esperar, del Gobierno de España empezando por su presidente. Habrán sido dos (demasiado) largas legislaturas que se iniciaron cruelmente marcadas por el terrorismo, tras el ominoso atentado en el corredor ferroviario del sureste de Madrid.

Transcurridos siete largos años de gobierno socialista parece que el relevo es inevitable, además de necesario. Las encuestas lo vienen anunciando insistentemente. La práctica totalidad inciden en que la mayoría absoluta está al alcance del PP por lo que el candidato Rajoy será, muy probablemente, el futuro presidente del Gobierno de España. Personalmente, a lo largo de este año, he podido constatar que en determinados ámbitos de la izquierda crítica, que no ha renegado ni reniega de sus raíces socialdemócratas, la mayoría absoluta del PP es un deseo expresado con absoluta vehemencia: “¡Ojalá el PP saque mayoría absoluta!”, me han espetado en diversas ocasiones algunos de los viejos luchadores por las libertades que siguen aferrados a su ideología y que se han liberado de las siglas del que fuera su partido, el PSC-PSOE.

Entretanto, en esta precampaña ampliada, en el País Vasco se vuelven a escuchar los cantos de sirena del entorno que apoya y sustenta a la banda terrorista ETA, innecesariamente amplificados por dos de los principales partidos, PNV y PSE. En una región que durante más de cuarenta años ha sido sacudida sistemáticamente por el terrorismo y en la que impera todavía la coacción mafiosa de los que lo sustentan, se habla de paz y se pone en igualdad a víctimas y verdugos. El entramado pro etarra ha renacido tras el impulso dado por el Tribunal Constitucional a sus candidaturas en las pasadas elecciones municipales. Esta mal llamada conferencia de paz tiene como fin último asegurar que la historia se repita en estas próximas generales, culminando así el infame proceso de abuso de las instituciones democráticas por quienes obtienen el éxito electoral amparados en el miedo y la coacción. Como era de esperar, no ha existido una oposición firme por parte del Gobierno saliente. Antes al contrario, en las filas del propio Gobierno de España y, por supuesto, en las del compendio de partidos que constituyen hoy el PSOE de Rodríguez Zapatero, se han escuchado voces inequívocas de apoyo al esperpento. Algunas han hablado hasta de empujar, como si de un parto se tratara.

Tal parece que el partido socialista ve en una “solución” al seudoconflicto vasco la última baza que puede evitar la estrepitosa -de récord- derrota que le espera. Hay indicios de que puede producirse el enésimo mensaje por parte de la banda en los próximos días o semanas, con la pretensión de volver a engañar al conjunto de los españoles y afianzarse en las instituciones democráticas manteniendo la mayor, sin renunciar ni un ápice a sus pretensiones.

En este escenario, el presumible fin del actual Gobierno socialista estará marcado también por el terrorismo, pese a su estado latente en apariencia. Hemos de estar atentos, porque es posible que nos presenten la “solución” como el remedio definitivo para acabar con el horror, la coacción y el dolor de las víctimas, sin reparar en costes y sin preservar la imprescindible justicia. Y podemos temerlo porque en ocasiones parece que algunos de nuestros gobernantes, cual alquimistas, han estado buscando su particular piedra filosofal. El intento puede ser loable, siempre que se evite el tradicional hermetismo de la alquimia y que el final del terrorismo etarra en el País Vasco y, por extensión, en toda España, contenga en su fórmula las necesarias dosis de memoria, dignidad y justicia.

Matías Alonso
(Publicado en La Voz de Barcelona el 19 de octubre de 2011)

Estos días, tras el remolino provocado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que conmina a la Administración autonómica catalana a cumplir tres sentencias del Tribunal Supremo, solo se habla de inmersión. La escuela pública catalana, de la mano de los gobiernos de sesgo nacionalista que han ostentado el poder en esta comunidad autónoma desde el advenimiento de la democracia, ha ido migrando, con paso firme y decidido, a lo que se conoce como modelo de inmersión lingüística.

El supuesto ataque frontal al catalán que representa un simple requerimiento judicial para que se respeten los derechos de unos padres que han tenido el valor y la santa paciencia de enfrentarse al régimen, se ha convertido en un toque de generala en el que todas las fuerzas nacionalistas, incluidas aquéllas que dicen ser catalanistas como es el caso del PSC, han cerrado filas “en defensa del català”. Porque, además, “el català està en perill” puesto que solo el 40% de los ciudadanos de Cataluña tienen como primera lengua el “idioma propio”, el catalán, en contraposición al 60% que tienen como primera lengua el “idioma impropio”, es decir, el castellano.

La realidad social catalana es la que es: Què hi farem! Y lo viene siendo desde hace siglos. En Cataluña hay dos lenguas propias, que además son cooficiales en virtud del ordenamiento jurídico que da sustento a nuestro Estado de derecho. Y de eso se trata, de que estamos en un Estado de derecho, aunque algunos que viven de él lo lleven tan mal como aparenta. La inmersión lingüística obligatoria que se aplica en el modelo educativo catalán no tiene los treinta años de vigencia que continuamente se le atribuyen. Este modelo de inmersión, que solo afecta al 60% de los niños catalanes cuya lengua materna es el español o castellano, toma carta de naturaleza a través de la vigente Llei d’Educació de Catalunya, promulgada en base al Estatut de Catalunya de 2006, antes de ser corregido en la cuestión lingüística por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio.

Se habla de las bondades del sistema de inmersión lingüística, que realmente no aplica al 40% de los niños que “viuen en català”. Se compara su aplicación con los modelos aplicados en otros países, como es el caso de Suecia, cuando no resisten comparación alguna. Se dice que es “en defensa del català” cuando la realidad, también reconocida por la propia consellera Rigau, es que se trata de una “eina fonamental per a la construcció nacional”. Se oculta que informes de organismos adscritos a la Generalitat de Catalunya dejan claro que el riesgo de fracaso escolar aumenta considerablemente en la escuela catalana cuando la lengua materna no es el catalán. Nos venden la moto, a todos. El sistema es malo, es injusto, es ilegal y, además, tiene un coste insoportable para cualquier sociedad moderna: aumenta el fracaso escolar con el consiguiente riesgo de exclusión social que representa para quien lo padece.

Puede que este largo proceso afrontado por algunos –cada vez son más– padres preocupados por el futuro de sus hijos termine con la sinrazón que el bloque nacionalista catalán han impuesto en estos años. Puede que finalmente, pese a las maniobras de despiste del PP –que ha recurrido ante el TC la LEC pero no su apartado más dañino, el que consagra al catalán como única lengua vehicular– y del PSOE –que acaba de escribir uno de los más vergonzantes episodios del parlamentarismo español apoyando en el Congreso de los Diputados una moción contra el español en Cataluña–, el Estado de derecho recobre su plena vigencia en Cataluña. Así debe ser y cabe esperar que así sea por el bien de todos.

Entretanto, buena parte del alumnado de las escuelas públicas catalanas deberá seguir practicando el submarinismo, en esta inmersión obligatoria que les condiciona seriamente durante una fase fundamental para su desarrollo como persona, cual es el período entre los tres y los seis años, clave para obtener las habilidades necesarias en lectoescritura, y a la que todos los expertos –los independientes, no los afectos al régimen– le otorgan la máxima importancia para asegurar el éxito en la educación.

Todo llegará, salvo que Artur Mas y su gobierno, los predicadores de la “transició nacional de Catalunya”, sigan clamando por el desacato y resistiéndose a cumplir con las leyes, y sigan sumergidos en esta y otras cuestiones, cual zapadores anfibios, fuera de la ley, dispuestos a dinamitar los pilares del Estado de derecho.

Matías Alonso

Publicado en La Voz de Barcelona, el 16 de septiembre de 2011

Es curioso con qué facilidad se suman algunos a pretendidas fórmulas de éxito. En el ámbito político esa facilidad deja entrever, con demasiada frecuencia, una absoluta falta de ideas para la campaña. El Partido Popular lo tiene fácil esta vez: parece que incluso sin ideas la larga agonía del último gobierno de Rodríguez Zapatero permitirá a Mariano Rajoy convertirse en el ganador claro de la contienda electoral del 20-N, pese a su escaso carisma y sus propuestas descafeinadas.

Los estrategas de campaña del PP se limitan pues a un sucinto “Empieza el cambio” con el que están más que convencidos de que obtendrán la victoria electoral que incluso podría permitirles gobernar España. Por si acaso, por si la previsible bofetada del PSOE y de su candidato Alfredo Pérez no es tan grande como se vaticina, la dirección del PP ya ha dejado claro que contará sí o sí con CiU. Debe ser parte del cambio.

Entretanto, en los últimos días estamos asistiendo a una nueva entrega de la continua ceremonia de la confusión en la que los nacionalistas de cualquier pelaje sumen a España y a los españoles. En Cataluña, en la Cataluña oficial, han saltado todas las alarmas. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha permitido lanzar un ultimátum al Govern de la Generalitat, marcándole el límite del 2-N para adecuar el modelo educativo que aplica en las escuelas públicas y sostenidas con fondos públicos a la legalidad vigente. Que eso es, ni más ni menos, lo que le pide el TSJC al gobierno autonómico catalán, cuya legitimidad y capacidad de gobierno deviene precisamente de esa legalidad vigente, la que tiene como “pal de paller” la Constitución Española de 1978 ¡Cómo viene noviembre!

A la ceremonia de la confusión no sólo se suman el president Artur Mas y su consellera Irene Rigau. El president Mas cree que esta cuestión del TSJC y de la necesaria adecuación del modelo educativo público en Cataluña a la legalidad vigente es una tocada de narices, traducción literal que no admite toque literario alguno. También se apunta a la fiesta el expresident Jordi Pujol, un veterano de mil batallas que, ahora que no tiene responsabilidad directa de gobierno, se apunta a un bombardeo de alpargata y boatiné. También él cree que tanto el modelo de inmersión lingüística como el concierto económico son casus belli con España.

Lo que me temo que será una tocada de narices para muchos de mis conciudadanos, tanto de Partido como de ciudadanía catalana (ergo española), es el cambio que se nos viene encima para que nada cambie. Porque está claro, demasiado claro, que el PPC se limitará a sus habituales amagos, guardando el pacto posible con CiU a toda costa y a mayor gloria de Rajoy. Está también absolutamente claro que ni PSC -coautor necesario de la tropelía nacionalista que representa la inmersión lingüística obligatoria- ni el PSOE están por la labor de forzar al gobierno autonómico catalán a que cumpla con el mandato constitucional, con el del Tribunal Constitucional y con el del Tribunal Supremo.

Lo exigible, lo que toca, lo que se ha pedido hace ya varios meses por parte de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, es que se reforme cuanto antes la Ley de Educación de Cataluña y se adecue, de una vez por todas, a la legalidad vigente, es decir, a la Constitución Española de 1978, que rige también en Cataluña por encima de cualquier otra ley.

Cal fer-ho i és de justícia!

Matías Alonso

Ahir al vespre, al voltant de les set, un grup de ciutadans estàvem a la porta del Centre Cívic Barceloneta. Amb nosaltres hi havia un dels tres diputats de Ciutadans, xerrant tranquil·lament amb d’altres companys. Mentrestant moltes persones, sobre tot de l’anomenada tercera edat, anaven sortint del centre cívic. Un dijous normal, de ben segur. Però vet aquí que de sobte la normalitat va deixar pas a l’actitud agressiva d’una dona gran que s’adreçà al diputat amb insults, tot i advertint-li que la cosa podia ser pitjor si no fos perquè el seu marit patia del cor. El diputat i els qui l’acompanyàvem seguíem en silenci, escoltant sense gestos ni paraules els insults de la senyora quan si va afegir el marit, el qui sembla ser pateix del cor.

Tots dos parlaven en castellà i l’home reivindicava la seva condició d’andalús i de políglota, ja que deia que parlava francès, anglès, per suposat català i fins i tot rus. Tot i això, només va parlar castellà i no massa culte, per cert. L’home increpà el diputat dient-li mentider a l’hora que l’informava de que no hi ha cap problema amb l’idioma que la gent parla al carrer a Catalunya, ja sigui castellà o català. Ningú no els va fer cas i poc desprès marxaven mentre que seguíem xerrant a la porta del centre.

L’home potser tenia raó en una cosa: als carrers de Catalunya no hi ha problema amb l’idioma que es parla. Al menys no n’hi ha prou com per pensar que sigui un problema generalitzat. Normalment les relacions personals es desenvolupen amb normalitat en ambdues llengües, català i castellà, que sovint es fan servir dins d’una mateixa conversa. Fins i tot a la conversa que teníem ahir al vespre a la Barceloneta s’estaven fent servir les dues amb total fluïdesa i els interlocutors bilingües feien servir l’una o l’altre en funció de amb qui parlessin.

Però que no hi hagi cap problema lingüístic als carrers de Catalunya no vol dir pas que no n’hi hagi a Catalunya. Potser aquest bon home que va posar en risc la seva salut cardíaca en voler entrar en una picabaralla de carrer, que si s’hi hagués trobat amb altre gent s’hauria produït de ben segur, creu que no n’hi ha prou en què hi hagi persecució lingüística a petits empresaris i botiguers, promoguda des de l’administració de la Generalitat de Catalunya amb el suport d’alguns particulars i, sobre tot, de determinats col·lectius d’allò que se’n diu la societat civil. Aquesta mateixa societat civil que a Catalunya sovint passa per la subvenció oficial i per seguir fidelment el dictat del poder polític. O potser creu, tal com diu la propaganda oficial, que les sentències del Tribunal Suprem que garanteixen drets fonamentals als ciutadans catalans que també se senten espanyols –tots ho som històricament i legalment– no són més que un atac a Catalunya.

La realitat, encara que vulguin disfressar-la, és que qui menteix és el poder instaurat a Catalunya des de fa més de trenta anys. I deixar de creure a qui només vol intoxicar la realitat política i social de Catalunya dins d’Espanya és avui dia difícil, però sens dubte és la millor opció per conservar la salut, no només la del cor sinó també la mental.

La veritat és que la Generalitat i el Parlament de Catalunya van voler forçar l’ordre constitucional, que ho van fer amb la connivència de l’actual president del govern espanyol, que van dirigir a bona part dels ciutadans de Catalunya a escollir una mala opció, aprovant un estatut que tots els promotors sabien que era inconstitucional i, fruit d’aquest disbarat, moltes de les normes que han estat dictades amb l’ànim de burlar la legalitat vigent estan caient deixant-los en evidència.

El català a l’escola no està en perill. El que sí que ho està és la immersió lingüística obligatòria, dictada pels governs de la Generalitat des de fa ja massa temps. Ha arribat l’hora de que el bilingüisme efectiu, la realitat social catalana, n’estigui present a l’escola pública i a tots els centres d’ensenyament finançats, total o parcialment, amb fons públics. És de justícia i, de ben segur, és el millor per al català i per als catalans.

Matías Alonso

La VIII Legislatura del Parlament de Catalunya, desde la restauración de la democracia en España, difícilmente caerá en el olvido. Hay muchos motivos para ello e incontables puntos de vista para valorarlos.

El primero de estos motivos, aunque no el más importante, es la proclamación de José Montilla, un andaluz ciudadano catalán de adopción, como Presidente de la Generalitat. Este logro de la democracia deriva de la repetición del pacto tripartito, fraguado por Pasqual Maragall en 2003, que permite al segundo de los grupos parlamentarios de la cámara catalana encabezar un gobierno de conveniencia, revestido de un aura progresista. Así, tras las elecciones del 1 de noviembre de 2006, un hombre gris, burócrata de partido, sin más méritos que su carrera política en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), se convierte en el tercer presidente de la Generalitat, tras las primeras elecciones democráticas del postfranquismo.

Otro motivo para el recuerdo ha sido el desarrollo legislativo amparado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en la anterior legislatura gracias al impulso reformador de Pasqual Maragall y de José Luis Rodríguez Zapatero, tras el encuentro en Moncloa del líder convergente Artur Mas con el presidente del Gobierno de España. La norma básica para el desarrollo legislativo en el Parlament de Catalunya ha estado más de tres años bajo sospecha, amenazada por varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno de estos recursos, el presentado por el Partido Popular, ha dado lugar a una sentencia cuyos resultados prácticos aún son inciertos, máxime cuando la reacción inmediata de la Cataluña oficial ha sido la movilización en la calle y el anuncio de que, por unas u otras vías, se toreará la resolución del alto tribunal. El primero de los frutos de este empeño lo hemos visto esta semana, con la aprobación de la Ley de Veguerías.

A lo largo de la legislatura se han ido repitiendo episodios en los que se ha escenificado el modelo divergente, en cuanto a intereses partidistas, que sostiene al tripartito conformado por PSC-CpC, ERC e ICV-EUiA. El largo tira i afloja que se ha escenificado en un supuesto choque de legitimidades y en continuas presiones políticas al Tribunal Constitucional, ha ido mostrando a un José Montilla, máximo representante del Estado en Cataluña, cada vez más alejado de la socialdemocracia y cada día más próximo al catalanismo nacionalista, pidiendo la soberanía para el pueblo de Cataluña sin el menor recato, en contra de lo que dispone nuestro ordenamiento constitucional, del que su autoridad emana.

También en esta legislatura han salido a la luz dos escándalos, derivados de la financiación irregular de los partidos políticos, que salpican gravemente a los dos principales grupos representados en el Parlament. Primero el caso Millet (Palau de la Música), en el que está implicada Convergència Democràtica de Catalunya (socio mayoritario de CiU) y, casi de inmediato, el caso Pretoria (Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y otros), que salpica principalmente al PSC. En ambos casos es patente la falta de control de las instituciones catalanas sobre los fondos públicos que algunos sinvergüenzas esquilman sin rubor.

Un dato que reflejan las encuestas, a lo largo de la legislatura, es el progresivo desapego del ciudadano hacia los partidos y su actividad política. Este desapego se traduce en el anuncio de una mayor abstención en las próximas elecciones y, en el caso de los dos partidos de mayor peso en el tripartito de gobierno (PSC y ERC), en una debacle electoral, que se traducirá en una considerable pérdida de escaños y en la imposibilidad de conformar un nuevo gobierno de la Generalitat con los mismos protagonistas. Esta previsión, de confirmarse en las urnas, será el retiro forzoso del primer plano político del actual presidente, José Montilla.

Esta semana se está desarrollando un intenso y denso último pleno de la VIII Legislatura. La sesión del miércoles 28 de julio de 2010 pasará a la historia por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, tras un falso debate que ha pretendido centrarse en la defensa de los animales y que esconde, en parte de los miembros del legislativo catalán, un paso más en la ardua labor que comporta diferenciarse del resto de España. El Parlamento de Cataluña, órgano legislativo de una de las regiones españolas con mayor tradición taurina, comete hoy un atentado contra la libertad, en el intento de modelar y uniformizar la sociedad catalana, plural y rica en contrastes, pese a que con ello se cercene la libertad.

Hoy, 28 de julio de 2010, todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña, gracias a la prohibición por Ley de las corridas de toros en la Comunidad Autónoma, hemos sacado un abono en la Monumental de Barcelona, que nos costará alrededor de 40 € por persona. Un bajonazo más a nuestra economía, en tiempos difíciles.

Hoy también, la titánica tarea de borrar la Cataluña real, centrándose en conformar una identidad única catalana, ha dado un paso de gigante, al tiempo que le asesta una estocada a la libertad.

Matías Alonso

Hace años que se habla reiterativamente del oasis catalán. Esta expresión fue acuñada por el periodista viguetano Manuel Brunet i Solà a raíz de la proclamación del Estat Català por parte de Companys el 6 de octubre de 1934 y de la situación política que de este hecho derivaría. Brunet sostiene que la proclamación del Estat Català es una ocasión perdida para que Cataluña se convirtiera en un oasis de felicidad relativa, con una buena administración del Estatuto. En su comentario “El Oasis”, publicado en La Veu de Catalunya el 4 de marzo de 1936, Brunet afirma que “si el 6 de octubre se perturbó la paz de Cataluña fue precisamente porque el Estatuto fue tirado en plena calle. Respetando el Estatuto, aquellos días de octubre, cuando toda España parecía que iba a naufragar, Cataluña podía ser un oasis paradisíaco”.

Aquellos años fueron sin duda una época convulsa, en la que con frecuencia se imponía el sectarismo y el interés partidista sobre la eficacia en la gestión pública y la consecución del bien común. En su comentario “El Oasis y sus alrededores”, publicado en La Veu de Catalunya el 6 de julio de 1936, Brunet explicaba que se refería al oasis de forma metafórica, al comparar la situación sociopolítica de Cataluña con la del resto de España, que “permitía esperar que no sería difícil convertir este país en un oasis”. Cierra su comentario con un toque de realismo: “Si Cataluña es un oasis, señal que los señores del Frente Popular admiten que el país circundante es incómodo y anarquizado. No es lícito, pues, diría yo, continuar haciendo apología del oasis. Porque, ni Cataluña es un oasis, ni los izquierdistas tienen derecho a dar a entender que más allá de este supuesto oasis no se puede vivir”.

Sin embargo, las referencias recientes al oasis catalán se centran sobre todo en el “aquí no pasa nada” que subyace en la impunidad con la que los poderes públicos de Cataluña han ido acrecentando la desafección de y a España al tiempo que creaban la nació catalana, apoyada en una acción política de espaldas a la realidad social que tiene su parangón en el recurrido nuevo Estatuto y su desarrollo legislativo. El mayor exponente de esta nueva acepción del oasis catalán lo tenemos en el editorial conjunto “La dignidad de Cataluña”, publicado por los principales periódicos catalanes el 26 de noviembre de 2009.

Pese a la efectividad en el adoctrinamiento nacionalista, apoyado convenientemente en el sistema educativo, tanto público como privado, en el centro del oasis se escuchan algunas voces discordantes, entre las que destaca por su claridad y coherencia la de Ciutadans (C’s). A lo largo de esta legislatura, en el Parlament de Catalunya se ha podido oír la voz de muchos catalanes que no comulgan con la rueda de molino que representa el nacionalismo militante que defienden los partidos políticos integrados en lo que se ha dado en llamar el establishment o el PUC (Partido Único Catalán), a saber, CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA. No es que por el estrado del hemiciclo hayan pasado un sinfín de ciudadanos de a pie. Es que se ha oído fuerte y clara la voz de C’s, de boca de sus parlamentarios, encabezados por Albert Rivera.

Ante el desparpajo y la claridad de ideas de C’s, al oasis sólo le queda un camino: propugnar el voto útil. En estos meses de precampaña, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas para el próximo mes de octubre, hemos visto, y sin duda seguiremos viendo, varios llamamientos al voto útil, mediante la publicación de encuestas a medida del titular periodístico que se quiere potenciar.

Porque la única garantía de mantener en funcionamiento el oasis catalán, tal y como lo entendemos en la actualidad, pasa por alejar las voces discordantes capaces de aplicar a la política la dosis requerida de realidad. Y los resortes del establishment trabajarán coordinados, ora porque el PSC no se hunda en sus encuestas, ora por asegurar a sus lectores que CiU tiene asegurado el triunfo electoral por una mayoría que hace posible que vuelva a gobernar, aunque sea a caballo del PP.

Veremos sin duda un sinfín de llamamientos al voto útil, en el que el medio de turno buscará siempre arrimar el ascua a su sardina. Pero hay que esperar que los catalanes, tras más de tres décadas de gobiernos de corte nacionalista, con una política corrupta y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía, opten por decidir la utilidad de su voto y concluyan que el único voto útil es el que se otorga a quien es capaz de ser tu voz y de representar tus intereses, sin más servidumbre que el respeto a la democracia y la búsqueda continua y decidida del bien común.

Matías Alonso

Desde hace tiempo, demasiado tiempo ya, algunos dirigentes políticos autodenominados progresistas se han instalado en la irresponsabilidad gratuita. Estos días estamos viendo como estos irresponsables centran sus principales esfuerzos en atacar frontalmente al estado de derecho, ocasionalmente con el apoyo de figuras mediáticas, igualmente autocalificadas como progresistas, cuyos méritos les permiten, sobre todo, vivir de las subvenciones oficiales.

Dos de los pilares fundamentales de nuestro estado de derecho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, están siendo atacados impunemente desde otros poderes del Estado, sin el menor recato. Estos ataques, además, llevan implícito un revisionismo militante que pone en cuestión el mayor logro de España en el siglo XX: la Transición.

Cuando el entonces aspirante a la presidencia del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a su colega de partido y aspirante a presidir la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, que apoyaría la reforma del Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya, que se configuraba como la perita en dulce del programa de gobierno de los socialistas catalanes, probablemente no fuera consciente del lío institucional al que nos abocaría su determinación y su poca previsión. Corría el 13 de noviembre de 2003 (más de seis años ya) y desde entonces lo único que se ha conseguido ha sido disminuir las libertades de los ciudadanos catalanes y aumentar la presión sobre el sistema político que ha dado a España el mayor período de paz y prosperidad. Ni Maragall, ni Rodríguez Zapatero, ni Mas, ni ninguno de los responsables del entuerto que es el nuevo Estatut de 2006 parecen dispuestos a reconocer lo que es una realidad objetiva: el nuevo Estatuto de Cataluña, reformado por Ley Orgánica de 19 de julio de 2006, pese a haber sido refrendado mayoritariamente por los catalanes que acudieron a las urnas el 18 de junio de 2006, ni era necesario ni es constitucional en muchos aspectos fundamentales.

Los autores y coautores de este entuerto, lejos de reconocer su ineficacia e ineptitud, se empeñan en cargar las tintas contra el organismo que nuestro ordenamiento constitucional prevé como garante de nuestros derechos, los de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. La obcecación de José Montilla, autocalificado como catalán y catalanista (de claro sesgo nacionalista), español y no españolista, europeo y europeísta, progresista y de centro izquierda, le permite echarse al monte e intentar descalificar a todo un Tribunal Constitucional, negándole la legitimidad institucional que no ha dejado de tener, por más que los dos grandes partidos políticos españoles -uno de ellos el partido nodriza del PSC de lo políticamente correcto en el oasis catalán- se hayan negado durante años a no restarle ni un ápice de legitimidad mediante la renovación de cargos hace tiempo pendiente.

Al mismo tiempo, tanto desde varios miembros del Gobierno de España como de su sinfín de palmeros -entre los que cabe destacar a los máximos responsables de los sindicatos principales (UGT y CCOO, versión 2010) y a destacados fiscales franquistas devenidos ahora en luchadores antifranquistas y demócratas de toda la vida-, se permiten atacar sin pudor a otro de nuestros pilares fundamentales: el Tribunal Supremo. Su empeño en deslegitimar a esta institución, en defensa de un juez que a los ojos de sus defensores parece intocable, se enmarca en una aparente estrategia de subversión del sistema, poniendo en entredicho el proceso democratizador que representó, para España, la Transición desde el franquismo y la Ley de Amnistía en la que, en gran medida, se sustentó.

Estos ataques quedan, además, impunes. Sus autores encuentran la impunidad en el poder que ostentan. Su posición de fuerza, invocando una legitimidad que no tienen en absoluto, les permite atacar a nuestro ordenamiento constitucional sin temor a represalias. Es su concepto del “ejercicio del poder”.

Poder, a todas luces, irresponsable.

Matías Alonso

Durante los últimos seis años la vida política catalana ha venido convirtiéndose, paulatinamente, en una antología del disparate. La constitución del primer gobierno tripartito, autodenominado catalanista y de izquierdas, dio al traste con la victoria electoral de Convergència i Unió (CiU). El acuerdo de gobierno se sustentaba en el Pacto del Tinell, suscrito en diciembre de 2003, que pese a plantear algunos objetivos loables no podía ocultar su profundo sectarismo, dando pie a lo que algunos llamaron el “cordón sanitario”. Este primer paso sectario, propugnado por el partido del que se esperaba el cambio de rumbo que exigía la deriva nacionalista y conservadora del pujolismo tardío, fue el primero de los fiascos con los que nos obsequió el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), sucursal catalana del PSOE, en el que parecía mandar Pascual Maragall.

Este pacto de gobierno en la comunidad autónoma catalana centró sus esfuerzos de legislatura en la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía, a pesar de que sólo una escueta minoría de la ciudadanía catalana lo creía necesario. El texto final fue aprobado por las cámaras legislativas catalana y española, y refrendado por los ciudadanos de Cataluña con un índice de participación que hizo que la aprobación efectiva, aunque claramente mayoritaria entre los participantes, ni siquiera alcanzara el 40% del censo convocado.

Transcurridos tres largos años desde su aprobación y subsiguiente entrada en vigor, y tras la aprobación de varias normas legales amparadas por el nuevo texto estatutario, el Estatut de Catalunya está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional (TC). El alto tribunal tiene encomendada, entre otras, la función de velar por la constitucionalidad de cuantas leyes y disposiciones con fuerza de ley sean sometidas legítimamente, con arreglo a la Constitución Española, a recurso de inconstitucionalidad. Este ha sido el caso del Estatut de Catalunya.

Desde los focos de poder político radicados en Cataluña se ha intentado, sistemáticamente, presionar al TC para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Con mucha frecuencia esta presión se ha basado en la deslegitimación. La única defensa que se puede hacer del TC es la de reconocerle sus atribuciones constitucionales. No cabe duda que ha transcurrido un plazo más que prudencial para haber dictado sentencia. No es menos cierto que en todo momento el TC ha estado sometido a presiones inaceptables, algunas de ellas generadas por miembros destacados de los gobiernos de España y de la Generalitat. Nada nuevo en el escenario político. Ya estamos acostumbrados a la esgrima de salón que combate dialécticamente la división de poderes que rige nuestro ordenamiento constitucional.

Sin embargo, el 26 de noviembre de 2009 nos ha traído un nuevo disparate en este galimatías en que se ha convertido la puesta de largo del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006: las doce principales cabeceras de la prensa escrita catalana han unido sus voces en un editorial único, coincidente con la voz de su amo en deslegitimar al TC bajo la apelación a la dignidad de Cataluña. No parece que ponerse de acuerdo en reforzar las tesis de quien te asea las cuentas de resultados, por la vía de la subvención, sea un ejercicio específico de dignidad profesional. En todo caso, la dignidad exigible es la institucional, en el caso de Cataluña, y la personal, en el caso de sus ciudadanos. Y el editorial unificado no está precisamente al servicio de ninguna de las dos.

La pregunta que cabe plantearse, ante el disparate consumado en Cataluña hoy 26 de noviembre de 2009, es si este editorial uniforme será también la partitura del réquiem por el que debería ser el cuarto poder.

Matías Alonso