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La VIII Legislatura del Parlament de Catalunya, desde la restauración de la democracia en España, difícilmente caerá en el olvido. Hay muchos motivos para ello e incontables puntos de vista para valorarlos.

El primero de estos motivos, aunque no el más importante, es la proclamación de José Montilla, un andaluz ciudadano catalán de adopción, como Presidente de la Generalitat. Este logro de la democracia deriva de la repetición del pacto tripartito, fraguado por Pasqual Maragall en 2003, que permite al segundo de los grupos parlamentarios de la cámara catalana encabezar un gobierno de conveniencia, revestido de un aura progresista. Así, tras las elecciones del 1 de noviembre de 2006, un hombre gris, burócrata de partido, sin más méritos que su carrera política en el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), se convierte en el tercer presidente de la Generalitat, tras las primeras elecciones democráticas del postfranquismo.

Otro motivo para el recuerdo ha sido el desarrollo legislativo amparado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en la anterior legislatura gracias al impulso reformador de Pasqual Maragall y de José Luis Rodríguez Zapatero, tras el encuentro en Moncloa del líder convergente Artur Mas con el presidente del Gobierno de España. La norma básica para el desarrollo legislativo en el Parlament de Catalunya ha estado más de tres años bajo sospecha, amenazada por varios recursos ante el Tribunal Constitucional. Uno de estos recursos, el presentado por el Partido Popular, ha dado lugar a una sentencia cuyos resultados prácticos aún son inciertos, máxime cuando la reacción inmediata de la Cataluña oficial ha sido la movilización en la calle y el anuncio de que, por unas u otras vías, se toreará la resolución del alto tribunal. El primero de los frutos de este empeño lo hemos visto esta semana, con la aprobación de la Ley de Veguerías.

A lo largo de la legislatura se han ido repitiendo episodios en los que se ha escenificado el modelo divergente, en cuanto a intereses partidistas, que sostiene al tripartito conformado por PSC-CpC, ERC e ICV-EUiA. El largo tira i afloja que se ha escenificado en un supuesto choque de legitimidades y en continuas presiones políticas al Tribunal Constitucional, ha ido mostrando a un José Montilla, máximo representante del Estado en Cataluña, cada vez más alejado de la socialdemocracia y cada día más próximo al catalanismo nacionalista, pidiendo la soberanía para el pueblo de Cataluña sin el menor recato, en contra de lo que dispone nuestro ordenamiento constitucional, del que su autoridad emana.

También en esta legislatura han salido a la luz dos escándalos, derivados de la financiación irregular de los partidos políticos, que salpican gravemente a los dos principales grupos representados en el Parlament. Primero el caso Millet (Palau de la Música), en el que está implicada Convergència Democràtica de Catalunya (socio mayoritario de CiU) y, casi de inmediato, el caso Pretoria (Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet y otros), que salpica principalmente al PSC. En ambos casos es patente la falta de control de las instituciones catalanas sobre los fondos públicos que algunos sinvergüenzas esquilman sin rubor.

Un dato que reflejan las encuestas, a lo largo de la legislatura, es el progresivo desapego del ciudadano hacia los partidos y su actividad política. Este desapego se traduce en el anuncio de una mayor abstención en las próximas elecciones y, en el caso de los dos partidos de mayor peso en el tripartito de gobierno (PSC y ERC), en una debacle electoral, que se traducirá en una considerable pérdida de escaños y en la imposibilidad de conformar un nuevo gobierno de la Generalitat con los mismos protagonistas. Esta previsión, de confirmarse en las urnas, será el retiro forzoso del primer plano político del actual presidente, José Montilla.

Esta semana se está desarrollando un intenso y denso último pleno de la VIII Legislatura. La sesión del miércoles 28 de julio de 2010 pasará a la historia por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, tras un falso debate que ha pretendido centrarse en la defensa de los animales y que esconde, en parte de los miembros del legislativo catalán, un paso más en la ardua labor que comporta diferenciarse del resto de España. El Parlamento de Cataluña, órgano legislativo de una de las regiones españolas con mayor tradición taurina, comete hoy un atentado contra la libertad, en el intento de modelar y uniformizar la sociedad catalana, plural y rica en contrastes, pese a que con ello se cercene la libertad.

Hoy, 28 de julio de 2010, todos y cada uno de los ciudadanos de Cataluña, gracias a la prohibición por Ley de las corridas de toros en la Comunidad Autónoma, hemos sacado un abono en la Monumental de Barcelona, que nos costará alrededor de 40 € por persona. Un bajonazo más a nuestra economía, en tiempos difíciles.

Hoy también, la titánica tarea de borrar la Cataluña real, centrándose en conformar una identidad única catalana, ha dado un paso de gigante, al tiempo que le asesta una estocada a la libertad.

Matías Alonso

Hace años que se habla reiterativamente del oasis catalán. Esta expresión fue acuñada por el periodista viguetano Manuel Brunet i Solà a raíz de la proclamación del Estat Català por parte de Companys el 6 de octubre de 1934 y de la situación política que de este hecho derivaría. Brunet sostiene que la proclamación del Estat Català es una ocasión perdida para que Cataluña se convirtiera en un oasis de felicidad relativa, con una buena administración del Estatuto. En su comentario “El Oasis”, publicado en La Veu de Catalunya el 4 de marzo de 1936, Brunet afirma que “si el 6 de octubre se perturbó la paz de Cataluña fue precisamente porque el Estatuto fue tirado en plena calle. Respetando el Estatuto, aquellos días de octubre, cuando toda España parecía que iba a naufragar, Cataluña podía ser un oasis paradisíaco”.

Aquellos años fueron sin duda una época convulsa, en la que con frecuencia se imponía el sectarismo y el interés partidista sobre la eficacia en la gestión pública y la consecución del bien común. En su comentario “El Oasis y sus alrededores”, publicado en La Veu de Catalunya el 6 de julio de 1936, Brunet explicaba que se refería al oasis de forma metafórica, al comparar la situación sociopolítica de Cataluña con la del resto de España, que “permitía esperar que no sería difícil convertir este país en un oasis”. Cierra su comentario con un toque de realismo: “Si Cataluña es un oasis, señal que los señores del Frente Popular admiten que el país circundante es incómodo y anarquizado. No es lícito, pues, diría yo, continuar haciendo apología del oasis. Porque, ni Cataluña es un oasis, ni los izquierdistas tienen derecho a dar a entender que más allá de este supuesto oasis no se puede vivir”.

Sin embargo, las referencias recientes al oasis catalán se centran sobre todo en el “aquí no pasa nada” que subyace en la impunidad con la que los poderes públicos de Cataluña han ido acrecentando la desafección de y a España al tiempo que creaban la nació catalana, apoyada en una acción política de espaldas a la realidad social que tiene su parangón en el recurrido nuevo Estatuto y su desarrollo legislativo. El mayor exponente de esta nueva acepción del oasis catalán lo tenemos en el editorial conjunto “La dignidad de Cataluña”, publicado por los principales periódicos catalanes el 26 de noviembre de 2009.

Pese a la efectividad en el adoctrinamiento nacionalista, apoyado convenientemente en el sistema educativo, tanto público como privado, en el centro del oasis se escuchan algunas voces discordantes, entre las que destaca por su claridad y coherencia la de Ciutadans (C’s). A lo largo de esta legislatura, en el Parlament de Catalunya se ha podido oír la voz de muchos catalanes que no comulgan con la rueda de molino que representa el nacionalismo militante que defienden los partidos políticos integrados en lo que se ha dado en llamar el establishment o el PUC (Partido Único Catalán), a saber, CiU, PSC, ERC e ICV-EUiA. No es que por el estrado del hemiciclo hayan pasado un sinfín de ciudadanos de a pie. Es que se ha oído fuerte y clara la voz de C’s, de boca de sus parlamentarios, encabezados por Albert Rivera.

Ante el desparpajo y la claridad de ideas de C’s, al oasis sólo le queda un camino: propugnar el voto útil. En estos meses de precampaña, ante la proximidad de las elecciones autonómicas, previstas para el próximo mes de octubre, hemos visto, y sin duda seguiremos viendo, varios llamamientos al voto útil, mediante la publicación de encuestas a medida del titular periodístico que se quiere potenciar.

Porque la única garantía de mantener en funcionamiento el oasis catalán, tal y como lo entendemos en la actualidad, pasa por alejar las voces discordantes capaces de aplicar a la política la dosis requerida de realidad. Y los resortes del establishment trabajarán coordinados, ora porque el PSC no se hunda en sus encuestas, ora por asegurar a sus lectores que CiU tiene asegurado el triunfo electoral por una mayoría que hace posible que vuelva a gobernar, aunque sea a caballo del PP.

Veremos sin duda un sinfín de llamamientos al voto útil, en el que el medio de turno buscará siempre arrimar el ascua a su sardina. Pero hay que esperar que los catalanes, tras más de tres décadas de gobiernos de corte nacionalista, con una política corrupta y alejada de las necesidades reales de la ciudadanía, opten por decidir la utilidad de su voto y concluyan que el único voto útil es el que se otorga a quien es capaz de ser tu voz y de representar tus intereses, sin más servidumbre que el respeto a la democracia y la búsqueda continua y decidida del bien común.

Matías Alonso

Desde hace tiempo, demasiado tiempo ya, algunos dirigentes políticos autodenominados progresistas se han instalado en la irresponsabilidad gratuita. Estos días estamos viendo como estos irresponsables centran sus principales esfuerzos en atacar frontalmente al estado de derecho, ocasionalmente con el apoyo de figuras mediáticas, igualmente autocalificadas como progresistas, cuyos méritos les permiten, sobre todo, vivir de las subvenciones oficiales.

Dos de los pilares fundamentales de nuestro estado de derecho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, están siendo atacados impunemente desde otros poderes del Estado, sin el menor recato. Estos ataques, además, llevan implícito un revisionismo militante que pone en cuestión el mayor logro de España en el siglo XX: la Transición.

Cuando el entonces aspirante a la presidencia del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a su colega de partido y aspirante a presidir la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, que apoyaría la reforma del Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya, que se configuraba como la perita en dulce del programa de gobierno de los socialistas catalanes, probablemente no fuera consciente del lío institucional al que nos abocaría su determinación y su poca previsión. Corría el 13 de noviembre de 2003 (más de seis años ya) y desde entonces lo único que se ha conseguido ha sido disminuir las libertades de los ciudadanos catalanes y aumentar la presión sobre el sistema político que ha dado a España el mayor período de paz y prosperidad. Ni Maragall, ni Rodríguez Zapatero, ni Mas, ni ninguno de los responsables del entuerto que es el nuevo Estatut de 2006 parecen dispuestos a reconocer lo que es una realidad objetiva: el nuevo Estatuto de Cataluña, reformado por Ley Orgánica de 19 de julio de 2006, pese a haber sido refrendado mayoritariamente por los catalanes que acudieron a las urnas el 18 de junio de 2006, ni era necesario ni es constitucional en muchos aspectos fundamentales.

Los autores y coautores de este entuerto, lejos de reconocer su ineficacia e ineptitud, se empeñan en cargar las tintas contra el organismo que nuestro ordenamiento constitucional prevé como garante de nuestros derechos, los de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. La obcecación de José Montilla, autocalificado como catalán y catalanista (de claro sesgo nacionalista), español y no españolista, europeo y europeísta, progresista y de centro izquierda, le permite echarse al monte e intentar descalificar a todo un Tribunal Constitucional, negándole la legitimidad institucional que no ha dejado de tener, por más que los dos grandes partidos políticos españoles -uno de ellos el partido nodriza del PSC de lo políticamente correcto en el oasis catalán- se hayan negado durante años a no restarle ni un ápice de legitimidad mediante la renovación de cargos hace tiempo pendiente.

Al mismo tiempo, tanto desde varios miembros del Gobierno de España como de su sinfín de palmeros -entre los que cabe destacar a los máximos responsables de los sindicatos principales (UGT y CCOO, versión 2010) y a destacados fiscales franquistas devenidos ahora en luchadores antifranquistas y demócratas de toda la vida-, se permiten atacar sin pudor a otro de nuestros pilares fundamentales: el Tribunal Supremo. Su empeño en deslegitimar a esta institución, en defensa de un juez que a los ojos de sus defensores parece intocable, se enmarca en una aparente estrategia de subversión del sistema, poniendo en entredicho el proceso democratizador que representó, para España, la Transición desde el franquismo y la Ley de Amnistía en la que, en gran medida, se sustentó.

Estos ataques quedan, además, impunes. Sus autores encuentran la impunidad en el poder que ostentan. Su posición de fuerza, invocando una legitimidad que no tienen en absoluto, les permite atacar a nuestro ordenamiento constitucional sin temor a represalias. Es su concepto del “ejercicio del poder”.

Poder, a todas luces, irresponsable.

Matías Alonso

Esta madrugada nos ha dejado Xavier Tribó Boixareu. Ha sido un rápido desenlace tras una larguísima enfermedad con la que ha estado luchando más de una década. Se ha ido con la misma serenidad con la que ha sabido vivir. Hasta pocos días antes del temido desenlace ha seguido trabajando. Hasta su último suspiro ha dado testimonio del amor que sentía por su familia.

Con Xavier se va un amigo capaz de dártelo todo sin que le pidas nada. La ausencia de Xavier será difícil de asumir. Su persona es, sin más, irreemplazable. Pero a todos los que le hemos conocido, a todos los que hemos podido tener el privilegio de que nos ofreciera su amistad, no se nos borrará su recuerdo. Siempre recordaremos su sonrisa franca, su bonhomía, su caridad, su grandeza moral, su capacidad de trabajo, su compromiso, su lealtad a toda prueba…

Un amigo común, Albert Rivera, escribía esta madrugada, tras visitarle anoche en el Hospital de Mataró, que “si los ángeles existen deben ser como Xavier”. Xavier no era un ángel. Ha sido un hombre, en el más amplio sentido de la palabra. Pero estoy de acuerdo con Albert: si hay un hombre al que se puede confundir con un ángel, ese es Xavier Tribó.

¡Hasta siempre, Xavier!

Matías Alonso

Durante los últimos seis años la vida política catalana ha venido convirtiéndose, paulatinamente, en una antología del disparate. La constitución del primer gobierno tripartito, autodenominado catalanista y de izquierdas, dio al traste con la victoria electoral de Convergència i Unió (CiU). El acuerdo de gobierno se sustentaba en el Pacto del Tinell, suscrito en diciembre de 2003, que pese a plantear algunos objetivos loables no podía ocultar su profundo sectarismo, dando pie a lo que algunos llamaron el “cordón sanitario”. Este primer paso sectario, propugnado por el partido del que se esperaba el cambio de rumbo que exigía la deriva nacionalista y conservadora del pujolismo tardío, fue el primero de los fiascos con los que nos obsequió el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), sucursal catalana del PSOE, en el que parecía mandar Pascual Maragall.

Este pacto de gobierno en la comunidad autónoma catalana centró sus esfuerzos de legislatura en la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía, a pesar de que sólo una escueta minoría de la ciudadanía catalana lo creía necesario. El texto final fue aprobado por las cámaras legislativas catalana y española, y refrendado por los ciudadanos de Cataluña con un índice de participación que hizo que la aprobación efectiva, aunque claramente mayoritaria entre los participantes, ni siquiera alcanzara el 40% del censo convocado.

Transcurridos tres largos años desde su aprobación y subsiguiente entrada en vigor, y tras la aprobación de varias normas legales amparadas por el nuevo texto estatutario, el Estatut de Catalunya está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional (TC). El alto tribunal tiene encomendada, entre otras, la función de velar por la constitucionalidad de cuantas leyes y disposiciones con fuerza de ley sean sometidas legítimamente, con arreglo a la Constitución Española, a recurso de inconstitucionalidad. Este ha sido el caso del Estatut de Catalunya.

Desde los focos de poder político radicados en Cataluña se ha intentado, sistemáticamente, presionar al TC para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Con mucha frecuencia esta presión se ha basado en la deslegitimación. La única defensa que se puede hacer del TC es la de reconocerle sus atribuciones constitucionales. No cabe duda que ha transcurrido un plazo más que prudencial para haber dictado sentencia. No es menos cierto que en todo momento el TC ha estado sometido a presiones inaceptables, algunas de ellas generadas por miembros destacados de los gobiernos de España y de la Generalitat. Nada nuevo en el escenario político. Ya estamos acostumbrados a la esgrima de salón que combate dialécticamente la división de poderes que rige nuestro ordenamiento constitucional.

Sin embargo, el 26 de noviembre de 2009 nos ha traído un nuevo disparate en este galimatías en que se ha convertido la puesta de largo del Estatuto de Cataluña aprobado en 2006: las doce principales cabeceras de la prensa escrita catalana han unido sus voces en un editorial único, coincidente con la voz de su amo en deslegitimar al TC bajo la apelación a la dignidad de Cataluña. No parece que ponerse de acuerdo en reforzar las tesis de quien te asea las cuentas de resultados, por la vía de la subvención, sea un ejercicio específico de dignidad profesional. En todo caso, la dignidad exigible es la institucional, en el caso de Cataluña, y la personal, en el caso de sus ciudadanos. Y el editorial unificado no está precisamente al servicio de ninguna de las dos.

La pregunta que cabe plantearse, ante el disparate consumado en Cataluña hoy 26 de noviembre de 2009, es si este editorial uniforme será también la partitura del réquiem por el que debería ser el cuarto poder.

Matías Alonso

Mi madre diría “esnortaos”, haciendo honor a su patria chica, en plena Axarquía malagueña, muy próxima a la costa granadina en la que esta palabra vio la luz. Sea como fuere, hemos perdido el norte. Estamos perdidos.

En algunos temas, todos ellos fundamentales, el gobierno de España navega a la deriva. O eso parece. No puede considerarse un tema puntual. Viene siendo así desde que Rodríguez Zapatero tomó las riendas del gobierno. Sólo el dominio de la propaganda le permite mantener el tipo.

Quiero hablar hoy de dos cuestiones que no son pacíficas. Una de ellas se enmarca en lo que se conoce como “guerra contra el terrorismo”. La otra, entraría directamente en la categoría de “marear la perdiz”.

La relación del gabinete de Rodríguez Zapatero con la guerra, sea legal o ilegal, ha pretendido moverse siempre en el terreno de lo políticamente correcto. Aunque a veces no lo haya sido tanto. La verdad es que la cosa empezó mal. Su primer Ministro de Defensa, José Bono, pasó con más pena que gloria. Eso sí, dejando un par de detalles de dudoso tacto.

El último consejo de ministros de mayo de 2004, cuando hacía poco más de un mes desde que se había constituido el gobierno, el propio Bono entró en el paquete de condecorados por su intervención en la retirada de las tropas de Irak. No dudo de la justeza de condecorar a los generales que intervinieron en la retirada. Aunque recuerdo las burlas que sufrieron nuestras tropas por parte de los aliados italianos. La presión mediática consiguió que Bono renunciara a su medalla al Mérito Militar.

Militares de mérito los hay. Y sin duda los ha habido a lo largo de la historia. Uno de ellos seguramente fue George Smith Patton, militar estadounidense heredero de una larga tradición castrense. Entre sus numerosas condecoraciones, el Corazón Púrpura, una de las más altas distinciones que se otorga en el seno de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Entre sus frases célebres, destaca la que señala con precisión lo que cabe esperar de los militares en un conflicto bélico: “El objeto de la guerra no es morir por tu país, sino hacer que otro bastardo muera por el suyo”.

En la lógica que impregna nuestro ámbito de defensa, Patton lo tendría difícil. Sólo recordar la frase más célebre de José Bono al frente de su ministerio: “Prefiero morir que matar”. Después la vistió con su raíz cristiana y con la necesidad de que las acciones de los ejércitos fuesen legítimas.

Tanto la frase en sí como su justificación posterior son un torpedo bajo la línea de flotación de la moral de la tropa. Por un lado indica a los soldados que “casi prefieres verles muertos”. Por el otro, pone en duda que cuando nuestras tropas intervienen en un conflicto lo hagan siempre con legitimidad.

El relevo ministerial y la segunda etapa del Gobierno de Rodríguez Zapatero no han mejorado esta cuestión. Aún hoy se lanzan mensajes de desorientación, que difícilmente pueden elevar la moral de nuestros soldados. La insistencia de la ministra Chacón en negar la evidencia es una prueba de lo que digo. Negar que los soldados españoles expedicionarios en Afganistán están interviniendo en una guerra, no tiene nombre. Y más cuando su intervención, precisamente, se justifica en el marco de la “guerra contra el terrorismo”, impulsada en su día, a nivel planetario, por el heredero del diablo sobre la faz de la tierra: George Walker Bush.

Este confusionismo gubernamental, esclavo de la propaganda, ha llevado al propio presidente Rodríguez a desatar otra guerra. Esta, doméstica. Y en la que se ha aliado con las dos grandes centrales sindicales, UGT y CCOO. El enemigo, fácil y que da bien en los telediarios: los empresarios.

Es curioso que el responsable de que España se haya posicionado con fuerza a la cola de Europa, primero negando la que se nos venía encima y después dando palos de ciego a dos manos, cargue con todo contra los que deberían sacarnos del atolladero. Cargar contra los empresarios, en abstracto, sale gratis. Marea la perdiz y mantiene ocupadas a las masas obreras, movilizadas por sus representantes legítimos. Claro que poco importa que estas movilizaciones, ya anunciadas para primeros de octubre, debieran haberse producido meses atrás. Lo de menos es que, además, se confunda a la opinión cargando contra quien no es responsable. O, cuando menos, no lo es tanto como aquel a quien estas movilizaciones amparan: el propio presidente del Gobierno.

Podemos estar tranquilos. Se mantiene la tradición, tan española, de pagar justos por pecadores. O de que los que menos culpa tienen, aunque sean pecadores, paguen el grueso de la factura. Y en eso, en ese paquete, entramos todos. Aunque sólo sea por la vía fiscal.

Entretanto, Rodríguez Zapatero negando la evidencia, aunque nuestros indicadores económicos den pena; aunque prácticamente uno de cada cinco españoles esté en el paro; aunque nos mantengamos en recesión mientras las otras potencias europeas levantan el vuelo ¡Todo va bien!

Y siempre hay un culpable.

Pues eso, ¡desnortados!

Matías Alonso

Dos grupos empresariales españoles llevan meses en litigio, por el apetecible bocado de los derechos del fútbol. Hace unos días parecía que se cerraba el acuerdo, pero finalmente no ha sido así. Ambos contendientes tenían, además de un claro conflicto de intereses, un amigo común. El amigo se ha decantado, por vía de decreto.

Entre los perjudicados por la decisión gubernamental puede que esté el grupo que no ha obtenido el favor del amigo. Pero los que seguro que estamos somos los españolitos de a pie, que tendremos que tragar con la TDT de pago bajo el eufemismo de que, de esta manera, se potenciará la implantación de esta tecnología. Creo recordar que la implantación tenía fecha y que, hasta ahora, los apagones analógicos no habían causado problema alguno digno de mención. Este decretazo sí que será un problema para muchos españoles que se encontrarán con una tecnología recién adquirida, sin plazo para haberla amortizado, convertida en obsoleta por obra y gracia del Gobierno de España.

No corren buenos tiempos para los excesos de confianza. Está claro que no puedes fiarte ni de los amigos, por más que les colmes de favores. Habrá que tenerlo presente cuando haya que renovarla.

Matías Alonso

Hace unos pocos días,  el 31 de julio, alrededor de un centenar de barceloneses nos congregamos al pie del monumento a las Víctimas del Terrorismo, en la confluencia de la Meridiana con Río de Janeiro, en el distrito de Sant Andreu de la capital catalana. Una vez más estábamos dando apoyo -leve apoyo para una metrópoli como Barcelona- a las víctimas habitualmente silentes. Unos meses antes, el 23 de septiembre de 2008, al pie del mismo monumento, estuve conversando con una víctima, hija de un militar asesinado por ETA en enero de 1992. Con la impotencia labrada por más de tres lustros, desde la desazón de quien reconoce la inutilidad de las muertes, me dijo: “Cuando mataron a mi padre todo el mundo me decía que podía estar segura de que su muerte no había sido en vano”.

En esta ocasión, tras el vil asesinato de los guardias civiles Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada, tuve la ocasión de hablar con otro guardia civil, también víctima del terrorismo, que había tenido a su cargo la lectura emocionada del manifiesto de condena redactado por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Me hablaba también desde la impotencia, pero con la seguridad de conocer el camino: “Hay que hablar menos y actuar más”.

Es cierto. Se sigue hablando demasiado de los terroristas y de su entorno. Los medios de comunicación, sí. Pero sobre todo los políticos, empezando por los que tienen encomendada la responsabilidad de acabar con esta insoportable lacra. En ocasiones para afirmar por enésima vez que la banda está en las últimas. Otras para reconocer que, pese a todo, tiene capacidad de matar. Mi interlocutor lo tiene más claro: “No hay que hablar de la banda, porque se alimenta de la propaganda que se le hace gratis por parte de los responsables políticos y los medios de comunicación”. Y creo que tiene razón.

Para mayor desgracia, tras cinco largas décadas y tres intentos vanos hay quien sigue empeñado en poner sobre la mesa el diálogo como única vía para acabar con la lacra terrorista en la comunidad autónoma vasca. Las últimas afirmaciones de Josu Erkoreka, portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, reafirmando la necesidad de un final dialogado para la violencia etarra, son un ejemplo más de la ambigüedad calculada de los responsables políticos.

Mientras se sigue hablando de la fuerza del Estado de Derecho, de que los terroristas tendrán que afrontar todo el peso de la Ley, la realidad es que ETA sigue presente en muchos ayuntamientos vascos, nutriendo sus arsenales a cargo del contribuyente, con total impunidad, sin que quienes tienen la responsabilidad y el deber de actuar con firmeza muevan un solo dedo para cortar el suministro.

La soledad de las víctimas se perpetúa porque para la mayoría, a pesar de todo, el dolor es ajeno. Ya lo escribí el 23 de septiembre de 2008, tras la conversación con la resignada huérfana que había leído el manifiesto de condena tras el asesinato del brigada de Artillería Luis Conde: “Ella sabe que a su padre ya le han olvidado, al tiempo que comprueba, muerte tras muerte, que la sociedad se muestra indiferente al dolor ajeno y que la clase política no está dispuesta a poner remedio, de una vez por todas, a esta terrible lacra que a todos nos amenaza”.

Matías Alonso

Tras el acuerdo alcanzado en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) entre socialistas y populares que ha permitido la investidura del primer lehendakari no nacionalista, nos llega el primer jarro de agua fría. Afortunadamente, al menos en lo esencial, ninguno de los dos grandes partidos nacionales tiene nada que ver en ello. Pero la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de enmendarle la plana al Tribunal Supremo (TS) legalizando la candidatura de Iniciativa Internacionalista (II-SP), encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, históricamente ligado al entorno que cobija al terrorismo, es un drama.

Aunque la decisión del TS no fue unánime –se opusieron 5 magistrados–, da la sensación de que el TC le ha dado una patada al TS en el trasero de los demócratas que llevan padeciendo, hace demasiado tiempo, la coacción del entorno terrorista en la CAV. El TC concluye que no está suficientemente probada la relación de la candidatura de II-SP con el terrorismo etarra. Para disipar dudas, el cabeza de lista se ha negado a condenar explicitamente la violencia terrorista y el otrora portavoz batasuno, Arnaldo Otegi, pide el voto para esa coalición electoral ¡Verde y con asas!

Para animar la campaña electoral, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) nos ha ofrecido una nueva muestra de su alta cocina, al proponernos un virtual empate técnico PSOE – PP, con ligera ventaja del primero, convenientemente aderezado con una participación que podría ser superior al 78%. La previsión del CIS cifrando la abstención en el 21,2% no es digerible, por muy bien cocinada que esté. Así las cosas, no está de más poner en cuarentena –aunque sólo sea por quince días– los 23 escaños para cada uno de los dos grandes.

Al fin y al cabo, son las Europeas y, ¿a quién le importan? Deberían importarnos a todos, porque la construcción de una Unión Europea fuerte y cohesionada, en lo político y no sólo en lo económico, más transparente y democrática, que cuente al tomar sus decisiones con los intereses reales de la ciudadanía, es cada vez más necesaria. Y esta tarea no la emprenderán las élites políticas. Al menos de buen grado.

Sirva de muestra la infumable campaña del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), con su más de lo mismo que tanto les gusta. No sé si son conscientes de que el cuento de Pedro y el lobo no tiene un final feliz. Cuentos aparte, la insistencia en colgarles el muerto a otros como lo viene haciendo reiteradamente el PSC es un insulto a la inteligencia.

Mientras los dos grandes partidos se empeñan en polarizar la campaña y se centran en cuestiones domésticas, nuestra coalición electoral (Libertas – Ciudadanos de España), con sus candidatos Miguel Durán y José Manuel Villegas a la cabeza, se limita a ofrecer propuestas en positivo para mejorar las instituciones europeas y ponerlas al servicio de la ciudadanía.

Sólo así, haciendo pedagogía democrática y no demagogia compulsiva, se puede llegar a cotas de participación como las que el CIS se saca de la chistera.

Matías Alonso
(Publicado en http://www.eldebat.cat el 26 de mayo de 2009)

Al diario El Mundo le han cogido “con el carrito del helao”. La manipulación informativa es una de las claves distintivas del, cada vez más, libelo de Pedro J.

Ayer Miguel Durán, candidato y cabeza de lista de la coalición Libertas – Ciudadanos de España a las elecciones Europeas del próximo 7 de junio, denunciaba en su página web la manipulación torticera de sus palabras por parte del periodista que le había entrevistado para las páginas del rotativo madrileño y que, en su edición para Cataluña del día 27 de mayo, elevaba a titular, con el entrecomillado que le atribuye literalidad, una frase no pronunciada por Durán en ningún momento. La guinda de la manipulación, además, está en atribuir la pregunta a la supuesta descomposición del partido Ciudadanos (C’s) cuando la pregunta planteada se refería al Grupo Parlamentario de C’s en el Parlament de Catalunya. Ese que han abandonado, a la par que al partido, dos de sus diputados, uno de los cuales se ha convertido, por méritos propios, en el primer tránsfuga del parlamentarismo catalán contemporáneo.

Hoy es C’s quien denuncia la reiterada manipulación de ese diario, de escasa difusión en Cataluña (lo que a la vista de su calidad informativa, no tiene nada de extraño). Así, C’s incluye en su web una relación amplia de informaciones mundanas que poco, o nada, tienen que ver con la realidad de las cosas y que se están haciendo, de forma sistemática, para perjudicar la imagen del Partido y la de sus dirigentes. El rotativo de Pedro J., que está contando con la complicidad de su socio informativo FJLS, en sus últimos días en la Cadena COPE, se ceba con C’s dando pábulo a informaciones no ya tendenciosas sino, generalmente, absolutamente falsas.

Un motivo más para que me descuente entre sus lectores.

Matías Alonso