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En defensa de la Democracia

España está sufriendo una crisis institucional sin parangón en las democracias de nuestro entorno. La continua aparición de tramas corruptas, directamente ligadas a la política y a las administraciones públicas, provoca la sensación de que el estado se derrumba sin remedio. Una ruina que incita a muchos a participar activamente en el derribo. El desafío al ordenamiento democrático protagonizado por los nacionalistas catalanes ha venido a acentuar la crisis y está generando desconcierto en buena parte de la ciudadanía, especialmente en Cataluña, por el desamparo frente a la involución impulsada desde el poder autonómico.

La parodia participativa celebrada el pasado 9-N, convocada por Artur Mas y su gobierno, con el apoyo entusiasta de otras fuerzas políticas, ha servido para constatar que la supuesta “mayoría del pueblo de Cataluña” sigue en los niveles minoritarios que tradicionalmente indican los sondeos de opinión. Las organizaciones separatistas han tenido ocasión de movilizar a su voluntariado militante y de contar a sus prosélitos. Tras el conteo tenemos claro que las mayorías que siempre se invocan no son tales, pese a la recalcitrante labor propagandística del comité de sedición en que se ha convertido la plana mayor del gobierno autonómico y quienes basan su acción política en reclamar el derecho de autodeterminación para Cataluña, bajo la forma sucedánea del “derecho a decidir”.

Han sido muchos meses de acción decidida en el sector separatista y de inacción, aparentemente calculada, por parte del gobierno de España. Durante este largo período algunos hemos denunciado que el continuo desafío al ordenamiento democrático y el falseamiento interesado de conceptos fundamentales en un estado social y democrático de Derecho como España, tiene graves consecuencias para la convivencia y la concordia, para la libertad y la igualdad entre conciudadanos. El maniqueísmo de Artur Mas y sus secuaces ha dado lugar a una fractura sociopolítica constatable a poco que se quiera observar lo que pasa en Cataluña. El intento de imponer una visión hegemónica desde el poder autonómico, sin el adecuado contrapunto desde el gobierno central, ha dado lugar a una división de facto entre adictos a la causa, envalentonados por el desafío impune, y quienes vemos con preocupación la tibieza con la que se muestra y defiende la vigencia del estado de derecho en la comunidad autónoma.

Los hechos consumados del 9-N se decían imposibles en boca de Mariano Rajoy. Poco antes de esa fecha el presidente del Gobierno se preguntaba “quién manda en Cataluña” cuando sigue siendo él quien “manda”, porque gobierna, en toda España. No actuó con decisión para imponer su autoridad y evitar la posibilidad de que los máximos responsables autonómicos actuaran de mala fe, atacando frontalmente nuestro ordenamiento democrático. Una conducta probablemente delictiva que será perseguida gracias al empeño personal del Fiscal General del Estado, que sale al quite ante la pasividad pactista del gobierno de España y de su máximo responsable.

Gobernar una democracia de más de 47 millones de ciudadanos, con una estructura políticoadministrativa altamente descentralizada, requiere algo más que mayorías parlamentarias. Máxime en períodos de crisis como el que vivimos. Hace falta liderazgo y firme compromiso en la defensa del interés general y de la soberanía nacional. Servir a España y a los españoles con liderazgo y firmeza en defensa de la democracia.

Matías Alonso

(Publicado en El Mundo el 23-11-2014)

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