Es curioso con qué facilidad se suman algunos a pretendidas fórmulas de éxito. En el ámbito político esa facilidad deja entrever, con demasiada frecuencia, una absoluta falta de ideas para la campaña. El Partido Popular lo tiene fácil esta vez: parece que incluso sin ideas la larga agonía del último gobierno de Rodríguez Zapatero permitirá a Mariano Rajoy convertirse en el ganador claro de la contienda electoral del 20-N, pese a su escaso carisma y sus propuestas descafeinadas.
Los estrategas de campaña del PP se limitan pues a un sucinto “Empieza el cambio” con el que están más que convencidos de que obtendrán la victoria electoral que incluso podría permitirles gobernar España. Por si acaso, por si la previsible bofetada del PSOE y de su candidato Alfredo Pérez no es tan grande como se vaticina, la dirección del PP ya ha dejado claro que contará sí o sí con CiU. Debe ser parte del cambio.
Entretanto, en los últimos días estamos asistiendo a una nueva entrega de la continua ceremonia de la confusión en la que los nacionalistas de cualquier pelaje sumen a España y a los españoles. En Cataluña, en la Cataluña oficial, han saltado todas las alarmas. El propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha permitido lanzar un ultimátum al Govern de la Generalitat, marcándole el límite del 2-N para adecuar el modelo educativo que aplica en las escuelas públicas y sostenidas con fondos públicos a la legalidad vigente. Que eso es, ni más ni menos, lo que le pide el TSJC al gobierno autonómico catalán, cuya legitimidad y capacidad de gobierno deviene precisamente de esa legalidad vigente, la que tiene como “pal de paller” la Constitución Española de 1978 ¡Cómo viene noviembre!
A la ceremonia de la confusión no sólo se suman el president Artur Mas y su consellera Irene Rigau. El president Mas cree que esta cuestión del TSJC y de la necesaria adecuación del modelo educativo público en Cataluña a la legalidad vigente es una tocada de narices, traducción literal que no admite toque literario alguno. También se apunta a la fiesta el expresident Jordi Pujol, un veterano de mil batallas que, ahora que no tiene responsabilidad directa de gobierno, se apunta a un bombardeo de alpargata y boatiné. También él cree que tanto el modelo de inmersión lingüística como el concierto económico son casus belli con España.
Lo que me temo que será una tocada de narices para muchos de mis conciudadanos, tanto de Partido como de ciudadanía catalana (ergo española), es el cambio que se nos viene encima para que nada cambie. Porque está claro, demasiado claro, que el PPC se limitará a sus habituales amagos, guardando el pacto posible con CiU a toda costa y a mayor gloria de Rajoy. Está también absolutamente claro que ni PSC -coautor necesario de la tropelía nacionalista que representa la inmersión lingüística obligatoria- ni el PSOE están por la labor de forzar al gobierno autonómico catalán a que cumpla con el mandato constitucional, con el del Tribunal Constitucional y con el del Tribunal Supremo.
Lo exigible, lo que toca, lo que se ha pedido hace ya varios meses por parte de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, es que se reforme cuanto antes la Ley de Educación de Cataluña y se adecue, de una vez por todas, a la legalidad vigente, es decir, a la Constitución Española de 1978, que rige también en Cataluña por encima de cualquier otra ley.
Cal fer-ho i és de justícia!
Matías Alonso
No es cierto senyor Matías que la Constitución de 1978 rija en Catalunya por encima de cualquier ley. Catalunya tenía president de la Generalitat (Tarradellas) reconocido por la Jefatura del Estado (Corona Española) un año antes de que España tuviera Constitución. Por tanto hay una preexistencia de Derecho que está por encima de cualquier constitución.
Veo que tiene usted un gran sentido del humor. No voy a entrar en discusión alguna sobre la figura del president Tarradellas, salvo para decir que, en mi opinión, no se le ha valorado lo suficiente en Cataluña. En cuanto a su “análisis” jurídico, le concedo la misma veracidad que a su “real” suplantación.