Estos días, tras el remolino provocado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que conmina a la Administración autonómica catalana a cumplir tres sentencias del Tribunal Supremo, solo se habla de inmersión. La escuela pública catalana, de la mano de los gobiernos de sesgo nacionalista que han ostentado el poder en esta comunidad autónoma desde el advenimiento de la democracia, ha ido migrando, con paso firme y decidido, a lo que se conoce como modelo de inmersión lingüística.
El supuesto ataque frontal al catalán que representa un simple requerimiento judicial para que se respeten los derechos de unos padres que han tenido el valor y la santa paciencia de enfrentarse al régimen, se ha convertido en un toque de generala en el que todas las fuerzas nacionalistas, incluidas aquéllas que dicen ser catalanistas como es el caso del PSC, han cerrado filas “en defensa del català”. Porque, además, “el català està en perill” puesto que solo el 40% de los ciudadanos de Cataluña tienen como primera lengua el “idioma propio”, el catalán, en contraposición al 60% que tienen como primera lengua el “idioma impropio”, es decir, el castellano.
La realidad social catalana es la que es: Què hi farem! Y lo viene siendo desde hace siglos. En Cataluña hay dos lenguas propias, que además son cooficiales en virtud del ordenamiento jurídico que da sustento a nuestro Estado de derecho. Y de eso se trata, de que estamos en un Estado de derecho, aunque algunos que viven de él lo lleven tan mal como aparenta. La inmersión lingüística obligatoria que se aplica en el modelo educativo catalán no tiene los treinta años de vigencia que continuamente se le atribuyen. Este modelo de inmersión, que solo afecta al 60% de los niños catalanes cuya lengua materna es el español o castellano, toma carta de naturaleza a través de la vigente Llei d’Educació de Catalunya, promulgada en base al Estatut de Catalunya de 2006, antes de ser corregido en la cuestión lingüística por la sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 de junio.
Se habla de las bondades del sistema de inmersión lingüística, que realmente no aplica al 40% de los niños que “viuen en català”. Se compara su aplicación con los modelos aplicados en otros países, como es el caso de Suecia, cuando no resisten comparación alguna. Se dice que es “en defensa del català” cuando la realidad, también reconocida por la propia consellera Rigau, es que se trata de una “eina fonamental per a la construcció nacional”. Se oculta que informes de organismos adscritos a la Generalitat de Catalunya dejan claro que el riesgo de fracaso escolar aumenta considerablemente en la escuela catalana cuando la lengua materna no es el catalán. Nos venden la moto, a todos. El sistema es malo, es injusto, es ilegal y, además, tiene un coste insoportable para cualquier sociedad moderna: aumenta el fracaso escolar con el consiguiente riesgo de exclusión social que representa para quien lo padece.
Puede que este largo proceso afrontado por algunos –cada vez son más– padres preocupados por el futuro de sus hijos termine con la sinrazón que el bloque nacionalista catalán han impuesto en estos años. Puede que finalmente, pese a las maniobras de despiste del PP –que ha recurrido ante el TC la LEC pero no su apartado más dañino, el que consagra al catalán como única lengua vehicular– y del PSOE –que acaba de escribir uno de los más vergonzantes episodios del parlamentarismo español apoyando en el Congreso de los Diputados una moción contra el español en Cataluña–, el Estado de derecho recobre su plena vigencia en Cataluña. Así debe ser y cabe esperar que así sea por el bien de todos.
Entretanto, buena parte del alumnado de las escuelas públicas catalanas deberá seguir practicando el submarinismo, en esta inmersión obligatoria que les condiciona seriamente durante una fase fundamental para su desarrollo como persona, cual es el período entre los tres y los seis años, clave para obtener las habilidades necesarias en lectoescritura, y a la que todos los expertos –los independientes, no los afectos al régimen– le otorgan la máxima importancia para asegurar el éxito en la educación.
Todo llegará, salvo que Artur Mas y su gobierno, los predicadores de la “transició nacional de Catalunya”, sigan clamando por el desacato y resistiéndose a cumplir con las leyes, y sigan sumergidos en esta y otras cuestiones, cual zapadores anfibios, fuera de la ley, dispuestos a dinamitar los pilares del Estado de derecho.
Matías Alonso
Publicado en La Voz de Barcelona, el 16 de septiembre de 2011