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Justiprecio

En tres semanas, el plazo transcurrido entre el 29 de mayo y el 19 de junio, hemos asistido a los actos de recuerdo y homenaje a las víctimas de los dos atentados más sanguinarios perpetrados por la banda terrorista ETA en Cataluña. El 29 de mayo se cumplieron veintiún años de la masacre de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Vic, perpetrado en 1991 por la banda asesina y que costó la vida a diez personas -cinco de ellas niños- y causó 41 heridos que nunca olvidarán el horror vivido.

El 19 de junio se han cumplido veinticinco años del horrendo atentado de Hipercor, en Barcelona, con el que la banda terrorista ETA conmocionó a todos los ciudadanos de bien y que se saldó con 21 víctimas mortales -cuatro de ellas niños- y 45 heridos entre los clientes y trabajadores del centro comercial ubicado al pie de la Avenida Meridiana, en el distrito popular de San Andrés.

En la tarde del pasado 18 de junio, la víspera de cumplirse un cuarto de siglo desde la terrible masacre, en plena IX Legislatura del Parlament de Catalunya desde la reinstauración de la democracia, la institución en la que se deben sentir representados todos los ciudadanos catalanes abrió sus puertas a las víctimas del terrorismo, representadas por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Era una vieja reivindicación de las víctimas que habían visto como en enero de 2004, con la VII Legislatura autonómica recién estrenada, el por entonces presidente de la Cámara autonómica Ernest Benach (ERC) había abierto las puertas de la institución a un grupo de familiares de presos de la banda asesina, a quienes mostró su “solidaridad”.

Han quedado atrás los llamados años de plomo en los que las víctimas lamían sus heridas en la más absoluta soledad, sin que se produjera movimiento solidario alguno. Durante demasiado tiempo se miró a las víctimas como si estuvieran purgando pecados inconfesables y su sacrificio involuntario conmovía los corazones de unos pocos y dejaba indiferentes a la mayoría. La escalada de salvajismo y el carácter indiscriminado de los atentados terroristas terminaron por despertar, cuando menos, el sentimiento de que cualquiera, en cualquier momento, podría ser víctima de un atentado.

Hoy hay que congratularse de que por primera vez en la historia de la democracia el Parlamento autonómico haya celebrado un acto solemne de homenaje a las víctimas del terrorismo. Aunque algún diputado diera un respingo en su asiento al sentirse directamente aludido cuando una de las víctimas recordaba, en su emotiva y balbuceante intervención, la connivencia de su grupo político con la banda terrorista Terra Lliure, que en 1992 la hirió de gravedad y la dejó secuelas físicas y emocionales de por vida.

El 18 y el 19 de junio de 2011, por fin, en Cataluña se ha podido asistir a homenajes a las víctimas del terrorismo en los que estaban representadas la práctica totalidad de las fuerzas políticas catalanas. Por primera vez, si descontamos las manifestaciones multitudinarias a las que todos nos vimos impulsados con ocasión del secuestro de Miguel Ángel Blanco -posteriormente asesinado por ETA- y del asesinato de Ernest Lluch, se ha visto en Barcelona un acto de homenaje y recuerdo a las víctimas unitario y homologable a lo que debe ser el merecido testimonio de apoyo y solidaridad con quienes han padecido la agresión terrorista y que a lo largo de los años, con su sufrimiento y con su estoicismo, han sido los verdaderos pilares en los que se sustenta la libertad de todos.

Pero queda mucho por hacer. Sólo tres semanas antes de estos homenajes, el pasado 29 de junio, tuvimos ocasión de comprobar la soledad de las víctimas y el empeño de algunas fuerzas políticas por silenciarlas. Junto al solar en el que se encontraba la Casa Cuartel nos reunimos unos pocos políticos -ninguno perteneciente a los partidos que conforman la partitocracia al uso, salvedad hecha de la directora general de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior-, varios representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y alrededor de una quincena de víctimas, buena parte de ellas relacionadas con el atentado que se conmemoraba. Pero una vez más el gobierno municipal les dio la espalda.

Las víctimas piden poco: memoria, dignidad y justicia. Todos les debemos mucho a quienes han pagado un altísimo precio a cambio de nuestra libertad. Sin embargo, tanto la actitud cicatera de nuestros representantes públicos como la permisividad, cuando menos aparente, con quienes han apoyado durante décadas de palabra y obra a las organizaciones terroristas y que, en un Estado de derecho hipergarantista como el español, están en disposición de llegar al Gobierno autonómico del territorio en el que ETA ha impuesto el terror coactivo, ponen en riesgo que España sea capaz de otorgar a las víctimas el justiprecio que reclaman.

Matías Alonso
(Publicado en La Voz de Barcelona el 26 de junio de 2012)

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