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Diálogo posible, imprescindible y urgente

La cercanía de la cita electoral al Parlamento Europeo sirve de excusa para que el desafío separatista que impulsa y dirige Artur Mas, escudado en la movilización civil que él mismo alienta desde hace tres años, quede en segundo plano y al margen del diálogo institucional. Un diálogo imprescindible y urgente que exige respeto mutuo y lealtad institucional, pero también el reconocimiento previo de los términos en que se puede producir y de los interlocutores que deben mantenerlo.

Los términos asumibles son los que se recogen en el vigente marco del Estado de Derecho que conforman la Constitución Española de 1978 y el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006, este último en la lectura matizada que exige la Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010. Cualquier negociación debe partir de la premisa del respeto escrupuloso a las leyes que rigen nuestra democracia. El ejercicio democrático de la política exige a todos los gobiernos, en este caso al central y al autonómico catalán, respetar y hacer cumplir en todo momento las leyes vigentes. Si los gobiernos no respetan ni hacen cumplir las leyes no sólo pierden legitimidad sino que rompen las bases de la democracia.

Respecto de los interlocutores, en el caso del desafío separatista impulsado por el gobierno de la Generalitat y por otros actores políticos en Cataluña, tal vez no baste con ostentar un cargo concreto. Desde luego que por parte del Gobierno de España no es suficiente que las llamadas al diálogo y a la negociación se hagan a través de entrevistas a ministros o declaraciones en prensa. Un diálogo honesto y legítimo exige formalismos, además de transparencia y conocimiento por parte de la opinión pública. Una negociación seria exigirá la implicación directa por parte del Gobierno de la vicepresidencia y del ministerio de Administraciones públicas, al tiempo que el resto de responsables ministeriales deberán quedar al margen del asunto sin efectuar declaraciones ni proponer “ideas felices” que distorsionen el fondo de la cuestión.

Sin embargo, la principal dificultad para abrir un diálogo constructivo y respetuoso con nuestro vigente Estado de Derecho es la condición previa que plantean los responsables de la Generalitat de Cataluña, especialmente su actual presidente. Referéndum de autodeterminación el 9 de noviembre, con un cuestionario sesgado y predeterminista, planteado desde una autoconferida soberanía de la que se carece. Este desafío separatista al margen de cualquier legitimidad invalida a los actuales interlocutores autonómicos mientras mantengan las condiciones previas y el órdago por la ruptura.

No cabe duda de que Artur Mas es ya un cadáver político, que ha agotado su crédito al impulsar y mantener su apuesta por la ruptura del Estado al tiempo que ostenta la máxima representación de ese mismo Estado en Cataluña, vulnerando su compromiso constitucional y practicando un populismo sin futuro en pleno siglo XXI. Mientras siga ostentando la presidencia de la Generalitat el diálogo no es posible.¡

Hace falta un nuevo interlocutor, un interlocutor válido que permita reconducir la actual situación política y recuperar la necesaria lealtad institucional, para que Cataluña vuelva a ser uno de los principales valores de la España democrática que recuperamos durante la Transición y nos refuerce en el seno de una Unión Europea garantía de libertad, igualdad, solidaridad y progreso. Una Unión Europea que, más allá del plano meramente económico, hay que reforzar también en lo político para convertirla en un futuro próximo en los verdaderos Estados Unidos de Europa.

Sobre estas bases y con el objetivo de reforzar nuestra democracia en el seno de la Unión Europea, hay que buscar y conseguir las condiciones que permitan ese diálogo que no sólo es posible, sino que es imprescindible y urgente.

Matías Alonso

(Publicado en La Voz Libre 05-05-2014)

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