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Poder irresponsable

Desde hace tiempo, demasiado tiempo ya, algunos dirigentes políticos autodenominados progresistas se han instalado en la irresponsabilidad gratuita. Estos días estamos viendo como estos irresponsables centran sus principales esfuerzos en atacar frontalmente al estado de derecho, ocasionalmente con el apoyo de figuras mediáticas, igualmente autocalificadas como progresistas, cuyos méritos les permiten, sobre todo, vivir de las subvenciones oficiales.

Dos de los pilares fundamentales de nuestro estado de derecho, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, están siendo atacados impunemente desde otros poderes del Estado, sin el menor recato. Estos ataques, además, llevan implícito un revisionismo militante que pone en cuestión el mayor logro de España en el siglo XX: la Transición.

Cuando el entonces aspirante a la presidencia del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a su colega de partido y aspirante a presidir la Generalitat de Catalunya, Pasqual Maragall, que apoyaría la reforma del Estatut que aprobara el Parlament de Catalunya, que se configuraba como la perita en dulce del programa de gobierno de los socialistas catalanes, probablemente no fuera consciente del lío institucional al que nos abocaría su determinación y su poca previsión. Corría el 13 de noviembre de 2003 (más de seis años ya) y desde entonces lo único que se ha conseguido ha sido disminuir las libertades de los ciudadanos catalanes y aumentar la presión sobre el sistema político que ha dado a España el mayor período de paz y prosperidad. Ni Maragall, ni Rodríguez Zapatero, ni Mas, ni ninguno de los responsables del entuerto que es el nuevo Estatut de 2006 parecen dispuestos a reconocer lo que es una realidad objetiva: el nuevo Estatuto de Cataluña, reformado por Ley Orgánica de 19 de julio de 2006, pese a haber sido refrendado mayoritariamente por los catalanes que acudieron a las urnas el 18 de junio de 2006, ni era necesario ni es constitucional en muchos aspectos fundamentales.

Los autores y coautores de este entuerto, lejos de reconocer su ineficacia e ineptitud, se empeñan en cargar las tintas contra el organismo que nuestro ordenamiento constitucional prevé como garante de nuestros derechos, los de todos y cada uno de los ciudadanos españoles. La obcecación de José Montilla, autocalificado como catalán y catalanista (de claro sesgo nacionalista), español y no españolista, europeo y europeísta, progresista y de centro izquierda, le permite echarse al monte e intentar descalificar a todo un Tribunal Constitucional, negándole la legitimidad institucional que no ha dejado de tener, por más que los dos grandes partidos políticos españoles -uno de ellos el partido nodriza del PSC de lo políticamente correcto en el oasis catalán- se hayan negado durante años a no restarle ni un ápice de legitimidad mediante la renovación de cargos hace tiempo pendiente.

Al mismo tiempo, tanto desde varios miembros del Gobierno de España como de su sinfín de palmeros -entre los que cabe destacar a los máximos responsables de los sindicatos principales (UGT y CCOO, versión 2010) y a destacados fiscales franquistas devenidos ahora en luchadores antifranquistas y demócratas de toda la vida-, se permiten atacar sin pudor a otro de nuestros pilares fundamentales: el Tribunal Supremo. Su empeño en deslegitimar a esta institución, en defensa de un juez que a los ojos de sus defensores parece intocable, se enmarca en una aparente estrategia de subversión del sistema, poniendo en entredicho el proceso democratizador que representó, para España, la Transición desde el franquismo y la Ley de Amnistía en la que, en gran medida, se sustentó.

Estos ataques quedan, además, impunes. Sus autores encuentran la impunidad en el poder que ostentan. Su posición de fuerza, invocando una legitimidad que no tienen en absoluto, les permite atacar a nuestro ordenamiento constitucional sin temor a represalias. Es su concepto del «ejercicio del poder».

Poder, a todas luces, irresponsable.

Matías Alonso

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