Listas electorales y fraudes de Ley
En estas fechas, ante la proximidad de los comicios municipales y autonómicos (en algunas comunidades autónomas), los partidos están elaborando o acaban de elaborar las correspondientes listas electorales. La previsible aprobación de la Ley de Paridad se ha tenido en cuenta o deberá tenerse en cuenta para que las listas, en todas las poblaciones de más de 5.000 habitantes, cuenten con un 40% de candidatos de uno de los dos sexos, en total y en cada uno de los tramos de cinco candidatos.
¿Es de recibo condicionar por Ley la composición de las listas? No quiero entrar en este debate, pero no creo en ningún tipo de discriminación ni en que se deba primar el sexo del candidato por encima de otras virtudes u otros intereses.
Lo que quiero es centrar la atención en lo que se nos viene encima en un territorio en el que la igualdad de derechos está claramente cercenada: el País Vasco. En esa Comunidad Autónoma partidos democrácticos, de implantación nacional y corte constitucionalista (es decir, respetuosos del sistema de libertades del que nos hemos dotado todos los españoles), tienen serias dificultades para poder completar sus listas electorales. La presión cohercitiva que representa la amenaza terrorista, completamente vigente, hace casi imposible cerrar listas en algunos municipios.
En contraposición, un formación pseudopolítica, ilegalizada y filoterrorista, como es Batasuna, aprovechando las facilidades que presta nuestro sistema de libertades y, lo que es peor, la dejación de funciones autoimpuesta por instituciones fundamentales de nuestro Estado de Derecho, podrá presentar un ticket electoral duplicado: uno para ser anulado, lavar conciencias y justificar actuaciones; otro para colarse de rondón en entidades y organismos públicos, con el consiguiente fraude de Ley.
Puede que la Ley de Paridad sea necesaria. En cualquier caso, debería extenderse a asegurar la igualdad de derechos de los políticos en Euskadi. Y los que tienen la responsabilidad de gobernar: menos brindis al sol y más aplicar las leyes vigentes.
Matías Alonso
Muy acertada reflexión.
Cuando se cambie la ley electoral y cada español realmente tenga un voto, la fuerza real de los partidos nacionalistas se verá en los parlamentos.
Realmente es como para denunciar tanto al Gobierno Vasco como al Gobierno español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la violación de los más elementales derechos humanos en el País vasco.
Habría que preguntar a Françesc de Carreras qué posibilidades tiene de prosperar un tal recurso.