La solución no está en Madrid
Desde la vuelta de CiU, de la mano de Artur Mas, al gobierno de la Generalitat de Cataluña, hemos entrado en una espiral separatista de extrema virulencia. El anuncio de la travesía rumbo a la mítica Ítaca, bajo el eufemismo de transición nacional, se convirtió tras el pasado 11 de septiembre en el lema electoral de la federación separatista con el apoyo del aparato propagandístico del régimen.
Podría pensarse que la situación actual en Cataluña no tiene precedentes, pero los tiene y bien definidos. La actual crisis separatista sigue un rumbo claro, puesto negro sobre blanco en hojas de ruta con autores concretos, que han seguido pies juntillas los sucesivos gobiernos autonómicos sin apenas oposición por parte del Gobierno de España, cuando no con su beneplácito expreso.
No hace falta remontarse a la cuna romántica del nacionalismo melancólico. Tras la restauración de la democracia y con la llegada de Jordi Pujol al gobierno de la Generalitat, se inició el proceso que, en poco más de tres décadas y con múltiples complicidades por el camino, nos ha puesto al borde de la ruptura de España y de una fractura política y social que parece inevitable en Cataluña.
Los cómplices con el proceso que nos aboca a la secesión han estado y están tanto en las instituciones catalanas como en las de la administración central del estado. La complicidad ha tenido su base en los dos partidos mayoritarios del espectro político español. Legislatura tras legislatura, tanto en las cortes generales como en el Parlamento de Cataluña, PP y PSOE han estado dispuestos a ceder al chantaje nacionalista y a mirar hacia otro lado mientras se afianzaba la desafección a España, con tal de asegurarse sus cuotas de poder y otras prebendas asociadas.
Llevamos más de tres décadas instalados en el eufemismo, pasando por alto continuos ataques al marco del estado de derecho y relativizando las palabras y los hechos. Frente a la necesaria defensa de la soberanía popular indivisible y constituyente y de la nación constitucional, la que nos iguala a todos en derechos y obligaciones y que sustenta nuestro estado social y de derecho con firmes raíces democráticas, hemos asistido al relativismo lacio o a la torpeza extrema de los sucesivos inquilinos de la Moncloa. Si los máximos dirigentes del estado son incapaces de defender y consolidar la nación constitucional y anteponen su interés partidista a la defensa de un proyecto común para todos los españoles, España no tiene futuro.
La situación es difícil, el desafío del separatismo es realmente preocupante. No podemos ni debemos caer en la melancolía. Si miramos atrás, si bebemos de las fuentes de la Historia, huyendo de las meras crónicas o del vocerío de los pregoneros de la ola separatista en Cataluña, veremos que España es un proyecto común desde hace mucho más de los tres siglos transcurridos desde la fecha referente del nacionalismo catalán.
El problema ha crecido por la miopía y el relativismo exacerbado de algunos. Aunque la solución pasa por Madrid hay que ser conscientes de que ni está ni ha estado nunca allí. Cada vez hay más voces en el conjunto de España que reclaman un cambio profundo del actual sistema, que anhelan una segunda transición apoyada en los valores de ciudadanía. Es posible que esa transición ciudadana sea la solución. Si realmente lo creemos y queremos aplicarla tendremos que llevarla a la capital del reino. Porque está claro que la solución no está en Madrid, todavía.
Matías Alonso
(Publicado en La Voz Libre el 13-03-2013 )
