«Ayer por la tarde, alrededor de las siete, un grupo de ciudadanos estábamos a la puerta del Centro Cívico Barceloneta. Con nosotros estaba uno de los tres diputados de Ciutadans, charlando tranquilamente con otros compañeros. Mientras tanto muchas personas, sobre todo de la denominada tercera edad, iban saliendo del centro cívico. Un jueves normal, con total seguridad. Pero he aquí que de repente la normalidad dejó paso a la actitud agresiva de una mujer mayor que se dirigió al diputado con insultos, advirtiéndole que la cosa podía ser peor si no fuera porque su marido sufría del corazón. El diputado y quienes le acompañábamos seguíamos en silencio, escuchando sin gestos ni palabras los insultos de la señora cuando se incorporó el marido, quien parece ser sufre del corazón.
Los dos hablaban en castellano y el hombre reivindicaba su condición de andaluz y de políglota, puesto que decía que hablaba francés, inglés, por supuesto catalán e incluso ruso. Aún así, sólo habló castellano y no demasiado culto, por cierto. El hombre increpó al diputado llamándole mentiroso al tiempo que le informaba de que no hay ningún problema con el idioma que la gente habla en la calle en Cataluña, ya sea castellano o catalán. Nadie les hizo caso y poco después marchaban mientras que seguíamos charlando a la puerta del centro.
El hombre quizás tenía razón en una cosa: en las calles de Cataluña no hay problema con el idioma que se habla. Al menos no lo bastante como para pensar que sea un problema generalizado. Normalmente las relaciones personales se desarrollan con normalidad en ambas lenguas, catalán y castellano, que a menudo se usan dentro de una misma conversación. Incluso en la conversación que teníamos ayer tarde en la Barceloneta se estaban usando las dos con total fluidez y los interlocutores bilingües usaban una u otra en función de con quien hablaran.
Pero que no haya ningún problema lingüístico en las calles de Cataluña no quiere decir que no los haya en Cataluña. Quizás este buen hombre que puso en riesgo su salud cardíaca al querer entrar en un rifirrafe de calle, que si se hubiera encontrado con otra gente seguro que se habría producido, cree que no hay bastante con que haya persecución lingüística para pequeños empresarios y tenderos, promovida desde la administración de la Generalitat de Cataluña con el apoyo de algunos particulares y, sobre todo, de determinados colectivos de lo que se ha dado en llamar la sociedad civil. Esta misma sociedad civil que en Cataluña a menudo pasa por la subvención oficial y por seguir fielmente el dictado del poder político. O quizás cree, tal como dice la propaganda oficial, que las sentencias del Tribunal Supremo que garantizan derechos fundamentales a los ciudadanos catalanes que también se sienten españoles -todos lo somos históricamente y legalmente- no son más que un ataque en Cataluña.
La realidad, aunque quieran disfrazarla, es que quien miente es el poder instaurado en Cataluña desde hace más de treinta años. Y dejar de creer a quien sólo quiere intoxicar la realidad política y social de Cataluña dentro de España es hoy en día difícil, pero sin duda es la mejor opción para conservar la salud, no sólo la del corazón sino también la mental.
Bien es verdad que la Generalitat y el Parlamento de Cataluña quisieron forzar el orden constitucional, que lo hicieron con la connivencia del actual presidente del gobierno español, que dirigieron a buena parte de los ciudadanos de Cataluña a escoger una mala opción, aprobando un estatuto que todos los promotores sabían que era inconstitucional y, fruto de este disparate, muchas de las normas que han sido dictadas con el ánimo de burlar la legalidad vigente están cayendo dejándolos en evidencia.
El catalán en la escuela no está en peligro. La que sí que lo está es la inmersión lingüística obligatoria, dictada por los gobiernos de la Generalitat desde hace ya demasiado tiempo. Ha llegado la hora de que el bilingüismo efectivo, la realidad social catalana, esté presente en la escuela pública y en todos los centros de enseñanza financiados, total o parcialmente, con fondos públicos. Es de justicia y, con seguridad, es lo mejor para el catalán y los catalanes.»