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El pasado 5 de marzo trascendió la noticia de que el Departamento de Interior del gobierno autónomo vasco había pinchado, con autorización judicial, el teléfono de un periodista del diario El Correo, para intentar identificar la fuente que le había permitido publicar la noticia de que un colaborador de ETA había sido avisado, al parecer por la propia Ertzaintza, antes de su detención, en marzo de 2006, sólo seis días después de que la banda terrorista hubiera declarado su tregua trampa bajo el formato de “alto el fuego permanente”.

La investigación se centró en identificar a la fuente que filtró la noticia a la prensa. Pero nada se ha hecho para identificar a la persona que, estando supuestamente adscrita a la Viceconsejería de Interior, que dirige Mikel Legarda, filtró la noticia de la inminente detención a familiares directos del después detenido.

Ahora, la Federación de la Prensa ha censurado la actuación de la Ertzaintza y ha anunciado que profundizará en las circunstancias de este caso, por si es necesario emprender acciones judiciales contra esta actuación.

Nuevamente, nos encontramos ante una actuación policial a la carta, en beneficio de la política de determinados políticos. Lo que podríamos llamar política policial ad hoc.

Matías Alonso