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No me refiero a una de las noticias del día, o tal vez de la semana, quizás del año, como es el desenlace, por el momento, de la enrevesada partida a tres bandas, cuando menos, de Endesa, el paladín energético nacional que, por obra y gracia de la impresentable actuación de algunos de los máximos responsables del control del mercado, vendrá a menos tras la segregación de algunos de sus activos.

No, tampoco me refiero al hecho de que la decisión del PSOE de cargarse, en su día, el Plan Hidrológico Nacional aprobado por las Cortes Generales durante la anterior legislatura, da lugar a que siga la sequía en el sureste de la península al tiempo que se vierten al mar infinidad de hectómetros cúbicos del recrecido Ebro, excediendo muy generosamente el caudal ecológico de esa cuenca fluvial.

Tampoco centra hoy mi atención el nuevo record de velocidad marcado por el TGV de nuestros vecinos del norte, mientras que nuestro flamante AVE alcanza con dificultad la mitad de la velocidad del tren francés.

Me refiero a la inaceptable política de salvaguarda de los derechos humanos que se practica en uno, que no el único, de los organismos internacionales que debería ser más exquisito en estas cuestiones, cual es el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra y dependencia de Naciones Unidas. Se ha extendido la costumbre, cada vez más vergonzante, de clamar por los derechos humanos violados cuando el transgresor tiene un color político concreto, mientras que se ignoran, si no se apoyan de forma más o menos explícita, las reiteradas violaciones a esos derechos cometidas por otros regímenes políticos que, para más inri, se arremolinan en torno a lo que se ha dado en llamar Alianza de Civilizaciones. Cabe esperar que no sea asimilable, en ese sentido, el resultado de la visita de nuestro ministro de Exteriores a Cuba.

Como decimos en Cataluña: Fes-t’ho mirar!

Matías Alonso