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Estos últimos días se está hablando, cada vez más, de libertad lingüística. A muchos, ajenos a la realidad que otros padecen en algunas de nuestras comunidades autónomas, les suena a retahíla de ciudadanos descolocados, que se empeñan en dar la nota. Así, hace sólo tres días se escuchaba en una emisora radio de alcance nacional que “en Cataluña cualquier padre puede escolarizar a sus hijos en castellano sin ningún problema”, y lo decía un andaluz que, desde la distancia, no concebía el problema (por no llamarle drama) que padecen muchos padres catalanes, a los que les resulta imposible no sólo escolarizar a sus hijos en castellano, sino ni siquiera conseguir que se les impartan las tres horas mínimas de enseñanza de ese idioma que recoge el Real Decreto 1513/2006, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria. Aunque lo haya reclamado así el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Otros leen hoy en la edición impresa de El Mundo, probablemente con escepticismo, que a Sara Burgos, una joven monitora de comedor de colegios públicos de Cataluña, ha sido represaliada por denunciar la imposición del catalán en el centro en el que trabajaba, en el que se le exigía que no atendiera a ningún alumno que se dirigiera a ella en castellano, sin excepción alguna. Su sensibilidad, su sentido común y su calidad humana le han impedido realizar tal práctica, tan inconstitucional como kafkiana, y han sido determinantes para su futuro laboral inmediato ¡Al paro!

El acoso nacionalista es incesante e insaciable y no parece que estén dispuestos a parar, ni ellos ni sus nuevos conversos, entre los que destaca -¡cómo no!-, el nuevo PSC de Montilla. Pero el mal se extiende por España como una mancha de aceite. Mires donde mires, allá donde haya nacionalismo y dos (o más) lenguas cooficiales, la persecución del castellano se generaliza.

Esta tarde, en Vitoria, ante el palacio de Ajuria Enea, residencia del Gobierno Vasco, se han manifestado varios centenares de personas que sienten vulnerados derechos fundamentales, de los de verdad, no de los imaginarios cuya supuesta vulneración pretende denunciar Ibarretxe ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Un derecho fundamental tan elemental como poder educar a sus hijos en castellano, el idioma oficial de todos los españoles. Algo tan simple como poder elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos.

No están solos, aunque muchos sigan haciendo oídos sordos a lo que, cada vez más, se está convirtiendo en un clamor. Entre los que les han dado apoyo sobre el terreno, en el acto de esta tarde, algunos políticos (pocos) entre los que estaban dirigentes del PP vasco, con su presidente Antonio Basagoiti a la cabeza, y el presidente de Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía (C’s), Albert Rivera, acompañado de Antonio Robles, también diputado del mismo partido en el Parlamento de Cataluña.

Este 20 de septiembre se ha echado en falta a otras figuras políticas, algunas de las cuales habían manifestado su apoyo previamente pero que no han dado el paso final de asistir al acto. Estas ausencias podrán subsanarlas dentro de sólo ocho días, el próximo domingo 28 de septiembre, asistiendo a la manifestación en defensa del bilingüismo real y contra la imposición lingüística en las escuelas catalanas, que ha convocado C’s en Barcelona, entre las plazas de Urquinaona y Sant Jaume, a las 11 de la mañana.

¡Allí estaremos!

Matías Alonso