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Por fin aparece un atisbo de cordura. Hay funcionarios que ejercen funciones esenciales. Siempre los ha habido, y sin ellos difícilmente funcionaría nuestra sociedad con un mínimo de eficiencia. Y entre estos funcionarios están, sin duda alguna, maestros y médicos.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a los fiscales que tipifiquen las agresiones a estos funcionarios como atentado, con penas de hasta cuatro años de cárcel.

Parece necesario defender la actuación de estos esforzados que, frecuentemente, quedan expuestos a las iras de ciudadanos intemperados. Y es bueno que se haga. Pero se echa en falta una actuación coordinada, desde la Fiscalía General del Estado, que haga comprender a los agresores que ese no es el camino.

Matías Alonso