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La actualidad política española nos da a diario nuevos motivos para estar perplejos, cuando no inquietos si hacemos caso de algunos augures: estamos al borde de un estado de crisis. Y puede que sea cierto.

Que Otegi (recordemos que hace sólo unos días no era para Zapatero un hombre de paz) se convierta en sesión vespertina en inocente, de la mano de la fiscalía, supuestamente independiente, de la Audiencia Nacional, no nos debe sorprender. Puede que no sea un hombre de paz, pero en cualquier caso su enjuiciamiento y posible declaración de culpabilidad, que muy probablemente hubiera derivado en ingreso en prisión, sería un elemento distorsionador y perturbador para el proceso (de lo que sea) de ZP. Dejando aparte las diversas lecturas que puedan hacerse, tal vez algo interesadas todas ellas, de este hecho, lo lamentable es la puesta en escena: si la fiscalía estaba dispuesta a que no se enjuiciara a este elemento de ninguna manera, debería haber retirado previamente su acusación, en beneficio del erario público (el de todos), que se hubiera ahorrado los 467.513 euros que nos ha costado la pesada broma.

Tampoco sorprende, al menos en esta legislatura, el nuevo pulso institucional que plantea el presidente del Parlament de Catalunya, el nunca bien ponderado Ernest Benach. En este continuo ataque a las más altas instituciones del Estado, plantea una amenaza no demasiado velada ante el posible recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional. Y Benach no está solo: el govern de la Generalitat advierte que “no se quedará de brazos cruzados”.

Si seguimos así, tarde o temprano, este permanente estado de crisis derivará en una crisis de Estado.

Matías Alonso