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Algunos piensan, y puede que con razón, que el mayor error del proceso de transición que trajo de nuevo la democracia a España fue no dar por buenos, sin más, los estatutos autonómicos de Cataluña, País Vasco y Galicia que, en mayor o menor medida, estuvieron vigentes durante la II República. Parece que en la segunda mitad de los 70 del pasado siglo no se veía con buenos ojos la posibilidad de aprobar normas que fueron ley durante la República. Se prefería hacer tabla rasa y renegociar la autonomía de las que se dieron en llamar nacionalidades históricas.

Probablemente este hecho haya conducido a un estado de reivindicación que hubiera quedado desarmado si, desde el principio, se hubieran reconocido los mismos derechos que se venían reclamando por los nacionalistas desde el exilio. Los nuevos estatutos, nacidos al amparo de la Constitución de 1978, eran muchísimo más descentralizadores que sus homónimos republicanos. Pero vinieron acompañados de café para todos. La conjunción de que los estatutos eran fruto de un proceso renegociador que se produjo en un período de renacer de la democracia, en el que se veía a algunos menos legitimados por su anterior pertenencia al que se llamó Movimiento Nacional y otros reclamaban para sí una representatividad de la que realmente carecían, junto con la magnanimidad constitucional de ofrecer la posibilidad de alcanzar idénticas cotas de autogobierno a regiones sin el necesario pedigrí, ha sido, a la postre, nefasto para el sistema.

Al bilateralismo acreedor de Navarra y País Vasco se ha sumado, por la vía del nou Estatut de 2006, la reivindicación de Cataluña. Las promesas de Rodríguez Zapatero, cuando pensaba que nunca se vería obligado a cumplirlas, y la determinación del PSC de Montilla de ser más nacionalista que CiU y ERC juntos, nos aboca a un enfrentamiento entre territorios que será vílmente azuzado por meros intereses partidistas. La unidad nacional que propugna la Constitución se diluye fruto del enfrentamiento artificioso alentado por unos y permitido por otros. En Cataluña, de momento, parece que vamos hacia la unidad nacionalista, liderada por la marca blanca del PSOE.

En el Parlamento de Cataluña, durante este proceso reivindicativo a caballo de las balanzas fiscales, vistas sólo desde la óptica territorial, ha habido una única voz coherente: Ciutadans - Partido de la Ciudadanía se opuso al nuevo estatuto antes de su aprobación en referéndum, y sigue desmarcándose de los actos unitarios que, en defensa de sus propios intereses, convocan los partidos políticos “catalanes”.

Respecto al PP, yo no se y ellos no contestan.

Matías Alonso